El Gobierno ha abierto una consulta pública para preguntar a los ciudadanos sobre la propuesta de directiva que rebaja el estatus de protección del lobo en la Unión Europea y diversos grupos animalistas ya han organizado una respuesta masiva para evitar cualquier modificación legal que permita el control de las poblaciones de este depredador a través de la caza.
El pasado 7 de marzo, la Comisión Europea presentó una propuesta para que el lobo pase de ser "especie estrictamente protegida" a "especie gestionable". En la práctica, este cambio legal permitiría establecer medidas de control, incluida la caza, en función de las circunstancias de cada territorio. Esta propuesta debe ser ratificada por el Consejo europeo antes de entrar en vigor.
En este contexto, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha habilitado un buzón que estará disponible hasta el 12 de junio para que cualquier persona realice los comentarios que considere oportunos. Según explica el Ministerio en su web, las diferentes aportaciones que se deseen remitir a esta propuesta legislativa se deberán enviar al correo buzon-sgb@miteco.es.
Las asociaciones animalistas como Iniciativa Popular por el Lobo se están organizando para facilitar una participación mayoritaria en contra de la propuesta europea. De hecho, han preparado incluso una plantilla ya redactada con los argumentos legales y ecológicos lista para enviar.
Esta organización defiende que "el lobo es un depredador que autorregula sus poblaciones y tiene derecho a existir independientemente de los intereses económicos o políticos" y promueve "una campaña de boicot contra los ganaderos que incumplan la ley y soliciten el exterminio del lobo".
En la calle y en los tribunales
El Congreso de los Diputados aprobó en marzo que el lobo saliera del listado de especies protegidas en los territorios al norte del Duero mediante una enmienda del PP a la Ley contra el Desperdicio Alimentario. Esto significa que, en comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria y el norte de Castilla y León, donde se concentra cerca del 90% de la población de lobos ibéricos, la especie ya puede ser objeto de caza regulada.
Las asociaciones animalistas también se están movilizando en los tribunales. Ecologistas en Acción y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) han denunciado a la consejera de Desarrollo Rural de Cantabria, María Jesús Susinos, y al director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, por la autorización y ejecución de la orden para cazar 41 lobos en la comunidad autónoma.
Las movilizaciones también se están produciendo en la calle, aunque no con un particular éxito de asistencia. De hecho, en la concentración convocada por PACMA el pasado miércoles 14 de mayo acudieron una veintena de personas para defender al depredador según las imágenes difundidas, algo menos de los aproximadamente 35 lobos censados en la Comunidad de Madrid.