Los dirigentes de la plataforma ciudadana Sí a Almaraz, Sí al futuro, integrada por vecinos, trabajadores, políticos y empresarios de la zona de influencia de la central nuclear, han acudido este lunes a Bruselas a defender en el Parlamento Europeo que el cierre, proyectado para 2027 y 2028, no es una cuestión española sino europea.
En representación de los que están batallando para que la central extremeña no cierre, Fernando Sánchez ha defendido ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la necesidad de que la UE se implique por los riesgos que implicaría, a su juicio, para toda Europa. Sánchez, alcalde de uno de los pueblos de la zona, Belvís de Monroy, ha señalado cómo la clausura afectará a la descarbonización que tanto defiende la UE, "tensionará aún más el acceso a las redes de suministro, construidas para dar servicio a un sistema de generación centralizado en grandes instalaciones, como una central nuclear", afectará a la independencia energética por la mayor dependencia del gas y también podría en riesgo la seguridad energética.
El alcalde también ha defendido que las autoridades europeas deberían intervenir en lo que está ocurriendo en España. Entre otras normativas, Sánchez ha citado el Reglamento de Gobernanza de la Unión de la Energía y el Reglamento 2019/941, subrayando que "si un país, como en este caso España, decide cerrar sus centrales nucleares sin atender a los riesgos que eso supone, su error lo pueden pagar todos los europeos". En su intervención, ha señalado que la UE "tiene toda la legitimidad para involucrarse", y ha citado que también tendría "poderosos motivos políticos y geoestratégicos". "Cada vez tenemos más claro que cerrarla sería un enorme error. Nos dirigimos a la UE para pedir su ayuda: no es un problema de Extremadura, ni del conjunto de España, sino de toda Europa", ha insistido.
La Comisión ha decidido que la petición quede abierta, lo que da pie a futuras iniciativas legislativas, informes, peticiones de información a España o incluso una misión, algo que ha reclamado específicamente Sánchez pero que necesita de ulteriores acuerdos. En el debate, han tomado la palabra varios eurodiputados españoles y de otros países, en su inmensa mayoría a favor de que la central siga abierta y del impulso a la energía nuclear. Elena Nevado, del PP, ha evocado el apagón y su condición de cacereña para avisar de que el cierre "responde más a la ideología" que a la lógica y que si se produce puede ser "irreversible". Juan Carlos Girauta, de Vox, lo ha tachado de "disparate económico y estratégico" que supone implantar "el modelo de las nucleares y que entre otras cosas "ahuyenta a la industria". Incluso el eurodiputado socialista Ignacio Sánchez Amor se ha confesado a favor de que "salga un acuerdo para que siga funcionando unos años más". Amor, cacereño, ha dicho que la iniciativa debe ser de las empresas pero en línea de lo que dice su partido en la región (aunque no en Madrid) ha expresado su esperanza en que "esas conversaciones den lugar a una ampliación vida útil".
En representación de la Comisión Europea ha hablado Ana María Sánchez Infante, que ha recalcado que la política energética es potestad de cada Estado, dejando claro, eso sí, que la Comisión "reconoce el papel de la energía nuclear" en los objetivos climáticos. También ha apuntado que "toman nota de la preocupación" sobre el cierre y ha prometido que "seguirán observando" cómo se cumplen los objetivos del PNIEC. "La Comisión trabajará para prevenir cualquier riesgo para el suministro energético, incluidos los relacionados con cierres nucleares", ha señalado insistiendo en que "toman nota" de los planes de cierre de España para 2035 aunque sea "responsabilidad del Gobierno español" decidir si hay prórrogas o no.
Tras el debate, el alcalde, que ha estado acompañado por el alcalde de la propia Almaraz y de Navalmoral de la Mata, ha insistido en que "no es algo particular sino que interpela al conjunto de la Unión: "Está en juego la coherencia de Europa con sus propios objetivos de seguridad energética". Tras pedir ante los eurodiputados que traten este asunto "como un asunto europeo y ayuden a encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde", ha celebrado la decisión de la Comisión de Peticiones, que "abre un camino" para que sus reinvidicaciones puedan ser escuchadas en Bruselas.