Mordidas, fraude, contratos y colocaciones irregulares... El escándalo rodea al PSOE de Pedro Sánchez desde que saliera a la luz el informe de 490 páginas de la UCO que sitúa al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como el líder de la presunta trama de amaños de obras públicas en la que también participaron el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García Izaguirre.
En mitad de toda esta polémica, resulta pertinente bucear en los Informes Anuales de Supervisión que realiza la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) para dar cuenta del peso de las licitaciones del sector público en España.
Según el último documento publicado por este órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda, y con datos relativos a 2023, en nuestro país se efectuaron 196.763 licitaciones (un 7,66% más que en 2022) y estas alcanzaron un importe total de 107.557,67 millones de euros (un 8,56% más que en el año precedente).
10.000 millones más
Dentro del informe, llama la atención que el Estado disparó un 36% el volumen económico de licitaciones respecto a 2022. En concreto, de los 26.575,13 millones de euros gastados en 2022, el Estado se dejó 36.149,95 millones de dinero público en 2023. Estamos hablando de 10.000 millones extra provenientes de ministerios tan cuestionados como el de Transportes.
En la siguiente tabla se observa que las autonomías fueron las mayores promotoras de licitaciones en importe económico, con un total de 43.507,46 millones de euros (el 40,45% del total). Sin embargo, el importe gastando por las CCAA creció un 7,72% en un año mientras que la categoría estatal se elevó cinco veces más.
En la tabla anterior también aparece que los ayuntamientos fueron los únicos que disminuyeron su importe económico, un 13,11% menos, hasta los nada desdeñables 27.900,26 millones en licitaciones con dinero público.
Suben las denuncias por corrupción
En otro de los informes este órgano también recoge un aumento de las denuncias por contrataciones públicas. En total, fueron 221 denuncias las registradas por operaciones sospechosas, un 18% más que un año antes y de las que 120 todavía están en trámite y 49 fueron archivadas.
En 2023, como ocurre en años anteriores, se refleja que son los contratos de servicios (64,25% del total) los que han dado lugar a un mayor número de reclamaciones seguidos de las obras públicas (18,10%).
Por tipo de denuncias, las supuestas "irregularidades en la licitación y expediente de adjudicación del contrato" originan el 32,58% de las denuncias en materia de contratación.
Como se ve en la tabla anterior, en segundo lugar, cabe destacar la existencia de "prácticas corruptas" (que aglutina el conflicto de interés, el tráfico de influencias y el trato de favor a empresa) con un 19,46%, seguida de la "ejecución del contrato (18,10%).