No es una casualidad, tampoco una anécdota. La erosión institucional que vive España es el resultado lógico de un modelo político sustentado en la hipertrofia estatal, la colonización de las instituciones y la impunidad del poder. Los escándalos de corrupción que azotan al Gobierno no son desviaciones del actual sistema, sino consecuencias inevitables de su diseño.
Los datos internacionales confirman el cambio a peor que ha venido sufriendo la calidad institucional de nuestro país. El último informe del Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional sitúa a España en el puesto 46 del mundo en integridad institucional. Se trata del peor resultado cosechado por nuestro país desde que hay registros.
Así, mientras las democracias consolidadas del norte de Europa puntúan cerca de los 80 puntos sobre 100, España apenas alcanza los 56 puntos y confirma una caída constante que se ha exacerbado bajo gobierno de un PSOE cuyo líder, el actual presidente Pedro Sánchez, está acosado por un sinfín de escándalos de corrupción, amén de innumerables casos de abuso de poder y desprecio al orden institucional democrático.
Esta misma deriva viene reflejada en los World Governance Indicators del Banco Mundial, que miden seis pilares referidos al concepto de buen gobierno. España retrocede en todos ellos: desde la calidad regulatoria hasta el Estado de Derecho, pasando por el control de la corrupción. En este último apartado, nuestro país ha perdido más de 15 puntos porcentuales en la última década, situándose ya por debajo de la media de la OCDE.
La categoría de calidad regulatoria refleja una caída de 80,5 a 74,5 puntos entre 2019 y 2023, bajo mandato de Pedro Sánchez. También va a peor la medición dedicada al Estado de Derecho, que pasa de 80,5 a 78,3 puntos. Asimismo, la nota que nos asigna la evaluación del Banco Mundial en la categoría de control de la corrupción pasa de 72,9 a 71,7 puntos a lo largo del periodo analizado. Vamos a peor en todas las métricas analizadas.
Las malas artes del "sanchismo"
En España, desde que Pedro Sánchez ha llegado al poder, el gobierno ha lanzado una campaña de acoso y derribo contra los jueces, que han expresado en incontables ocasiones su preocupación por la falta de respeto del gobierno a la independencia del poder judicial. En paralelo, el Ejecutivo ha aprobado una oprobiosa Ley de Amnistía que borra gravísimos delitos vinculados al golpe separatista orquestado en 2017 en Cataluña.
Pero las malas artes del "sanchismo" no acaban ahí. Conocemos un sinfín de casos de organismos que han sido tomados por el PSOE, desde el Tribunal Constitucional a la Fiscalía General y desde RTVE al CIS, pasando por el Banco de España o el Tribunal de Cuentas. Si a esto le sumamos los múltiples escándalos de corrupción que golpean al Ejecutivo ("Tito Berni", "Caso Ábalos", "Caso Cerdán", "Caso Delcy"…) y a la familia del propio Pedro Sánchez (con su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, en el punto de mira de la justicia),
A todo ello hay que sumarle la incidencia de un gasto público desbocado y cada vez más difícil de fiscalizar y limitar. Desde que Sánchez llegó a la presidencia en 2018, los desembolsos de las Administraciones han pasado de 503.193 a 722.846 millones de euros, un incremento de 219.000 millones que ha sido canalizado en gran medida hacia numerosos programas de gasto clientelar que ya capturan a siete millones de españoles perceptores de ayudas y subsidios, así como a un gasto en pensiones cada vez más insostenible y de naturaleza crecientemente clientelar.