Navarra es la comunidad autónoma que más gasta por habitante en políticas sociales, según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. El último informe de la entidad revela que el gobierno foral destinó en 2023 un total de 4.161 euros por persona a sanidad, educación y servicios sociales. Esta cifra casi duplica los 2.464 euros por habitante que invierte la Comunidad de Madrid, que cierra la tabla y se consolida como el territorio con menos gasto en políticas sociales en términos per cápita.
¿Implica este mayor gasto mejores resultados en los indicadores de desarrollo socioeconómico? A la luz de los datos oficiales, no. Según el INE, el 20,8% de los navarros está en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 17,2% de los madrileños. Asimismo, la renta media por hogar en Navarra es de 35.830 euros, mientras que en Madrid asciende a 43.199 euros, un 21% más.
Fiscalizando la "Renta Garantizada"
Uno de los programas más costosos del gasto social navarro es la "renta garantizada", cuya gestión ha sido recientemente analizada por la Cámara de Cuentas. El informe refleja un crecimiento constante del programa: en 2013 había 22.263 beneficiarios, mientras que en 2023 se alcanzaron los 35.186, distribuidos en 16.384 hogares.
En apenas cuatro años, el gasto autonómico dedicado a este concepto pasó de 103 millones en 2019 a 153 millones en 2023. Además, a esta cifra hay que añadirle otros 50 millones de euros aportados por el Estado a través del Ingreso Mínimo Vital (IMV), lo que ha llevado el total de ayudas sociales de "renta garantizada" en Navarra por encima de los 200 millones de euros anuales.
El sistema no parece estar funcionando como trampolín hacia el empleo. Según los datos de la Cámara de Cuentas, solamente el 44% de los beneficiarios está disponible para trabajar y, de ellos, apenas un 26% accede finalmente un empleo, una cifra que de hecho va en caída si se compara con el 30% de 2021. En términos absolutos, esto significa que apenas 1.683 personas abandonaron esta ayuda por haber encontrado trabajo.
Además, aunque entre los años 2019 y 2023 se realizaron apenas 700 inspecciones, el resultado de estas verificaciones es a todas luces preocupante. No en vano, dependiendo del año, entre el 68% y el 81% de los expedientes revisados presentaban irregularidades, con 15 millones de euros cobrados indebidamente por parte de los perceptores.
Un debate que va a más
Los datos muestran que Navarra invierte mucho más que Madrid en ayudas sociales, pero sus indicadores de renta y pobreza son peores. Además, las cifras disponibles muestran que este tipo de subsidios corren el riesgo de convertirse en trampas de pobreza, sin incentivos reales para la inserción laboral y con un control deficiente de su uso que propicia importantes niveles de fraude.
A nivel nacional, el número de personas que recibe algún tipo de ayuda social ya alcanza los 7 millones, con un coste agregado de 28.000 millones de euros anuales, de acuerdo con los datos de Ángel de la Fuente reflejados en un estudio de Fedea de reciente publicación.