Desde Sumar, la formación liderada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dicen que quieren acabar con la desigualdad de acceso al transporte y las dificultades a las que deben hacer frente aquellos que viven en zonas rurales en esta materia. Sin embargo, en lugar de dejar que sea el propio mercado el que evalúe las necesidades de la población, la forma en que deben ser atendidas y los productos que han de ofertarse, los diputados de Sumar prefiere dirigir desde la Administración pública todos los detalles de este proceso.
De esta forma, la solución que proponen desde la formación política es poner en marcha un leasing ‘social’ de vehículos eléctricos. Así se detallada en la Proposición no de Ley para la creación de un leasing social de vehículos eléctricos para hogares, microempresas y transportistas autónomos en zonas rurales presentada por Sumar ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Incentivar el coche eléctrico
La obsesión de fondo de esta propuesta, en línea con el wokismo que se ha apoderado de buena parte de la izquierda y con el que simplemente camuflan el socialismo tradicional, es la de servir a los objetivos de descarbonización. Por ello, en el documento se señala, en primer lugar. que "la consecución de la neutralidad climática para el 2050 es el objetivo central del Pacto Verde Europeo, objetivo que pasa por descarbonizar los principales sectores de la economía, siendo el del transporte uno de los más urgentes".
Evidentemente, como no podría ser de otra forma tratándose de Yolanda Díaz y Sumar, cabe señalar que para la formación "la descarbonización de este sector debe hacerse siguiendo criterios de justicia social, climática y territorial". En este sentido, destacan que, según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, "los hogares que viven en entornos rurales invierten más cantidad de su presupuesto anual en transporte que las familias en entornos urbanos".
De hecho, subrayan que la proporción de hogares con vehículo en propiedad es mayor en las zonas rurales, los cuales, además, suelen ser vehículos "más antiguos y contaminantes". Así, señalan que, de acuerdo con Transport & Environment, "el 52% de los turismos en zonas rurales tiene más de 15 años, mientras que en entornos urbanos es de 45%; una diferencia que aumenta al comparar furgonetas y camiones de más de 15 años en zonas rurales".
En consecuencia, haciendo uso de su habitual palabrería, establecen que, ante la realidad descrita anteriormente, "es necesario poner en marcha medidas que garanticen el acceso equitativo a una movilidad sostenible, especialmente para los usuarios y profesionales vulnerables". A este respecto, ponen como ejemplo a seguir una iniciativa del gobierno francés con la que se creó un programa de leasing social para facilitar vehículos eléctricos a la ciudadanía con rentas medias y bajas que viven en zonas rurales. De esta forma, estos usuarios se comprometen a alquilarlos durante al menos tres años por una cuota mensual de alrededor de 100 euros.
Del mismo modo, indican que existe otro informe de Transport & Environment en el que se desarrolla una propuesta para llevar a cabo un sistema de leasing social en nuestro país con el cual se podría facilitar a los hogares con rentas bajas acceder a un coche eléctrico por 90 euros al mes y 70.000 unidades al año. Así, este informe "propone que los particulares se comprometan a pagar cuotas mensuales durante un periodo mínimo de 4 años y máximo de 8, y estima que un programa de este tipo podría cubrir el 25% de los compradores y usuarios de vehículos nuevos privados que se encuentran entre los deciles 1-4 de ingresos más bajos si se despliega durante un período de 12 años".
Por otra parte, desde Sumar recuerdan que este mismo informe también desarrolla un modelo para impulsar el carpooling o carsharing (distintas modalidades por las que se comparten los vehículos privados con otras personas) para empresas en entornos rurales. "Estas fábricas y centros de trabajo a menudo situadas entre dos localidades o a distancia del núcleo urbano, podrían ofrecer a sus empleados un método de transporte libre de emisiones contaminantes permitiendo que un mayor número de personas puedan beneficiarse simultáneamente de este servicio", explican.
Ahora bien, aunque la excusa que haya motivado esta propuesta sean las dificultades de la población rural para acceder a medios de transporte, lo cierto es que para la formación de Yolanda Díaz el objetivo es ampliar la puesta en marcha de este sistema a las ciudades. "A la larga, esta medida debería implementarse no solo en entornos rurales sino también en zonas urbanas y en las áreas metropolitanas", aseveran,
Del leasing al carsharing
Por estas razones, desde Sumar proponen "estudiar el desarrollo e implementación del sistema de leasing social de vehículos eléctricos para hogares, microempresas y profesionales vulnerables de zonas rurales", donde se debería incluir una previsión de potencial demanda, una cuota asequible adaptada al territorio e instrumentos de demanda para coches pequeños y furgonetas y asequibles fabricados en la UE.
Asimismo, se propone "estudiar el desarrollo e implementación de un leasing social para impulsar el carsharing en empresas de entornos rurales, en diálogo y colaboración con las empresas y los sindicatos", así como introducir estas medidas en el Fondo Social para el Clima previsto en la Directiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Al mismo tiempo, para Sumar urge "eliminar las barreras de acceso social a los vehículos eléctricos, automatizando la aplicación de las ayudas; ampliando las ayudas a los vehículos de empresa; aumentando la disponibilidad de las instalaciones de recarga, especialmente en zonas rurales; unificando el sistema de recarga; e impulsando la producción de vehículos eléctricos transformando el sector automovilístico".
Finalmente, instan a la Comisión a "crear un instrumento de demanda para vehículos eléctricos pequeños y asequibles fabricados en la UE, mediante el análisis del ciclo de vida del vehículo". En este sentido, destacan que "el leasing social puede actuar como catalizador para incrementar la cuota de mercado de los vehículos eléctricos, contribuyendo a cumplir los objetivos climáticos y de descarbonización marcados por la UE para 2030 y 2050".