La Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF), que preside actualmente Cristina Herrero, planta cara a las injerencias del Gobierno de Pedro Sánchez sobre sus labores de evaluación. Así lo expresó en un rueda de prensa la presidente de la AIReF el pasado miércoles durante la presentación de la Cuarta Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital.
En este sentido, Cristina Herrero confirmó durante su intervención que el organismo ha elevado una consulta a la Abogacía del Estado con el fin de que aclare y limite encargos adicionales al organismo, como sería el caso del nuevo informe sobre pensiones que ha pedido el Gobierno para junio de 2026, donde se exige que se tenga en cuenta, entre otros aspectos, los datos definitivos macroeconómicos de los últimos años.
Consulta a Abogacía del Estado
Fue durante el turno de preguntas de la rueda de prensa cuando, ante una cuestión relacionada con la solicitud del Gobierno de un segundo examen sobre la reforma de las pensiones, cuando Cristina Herrero expresó la posición de la AIReF acerca de las exigencias del Ejecutivo y la Comisión Europea. De este modo, subrayó que no entienden por qué se produce esta exigencia. "¿Realmente alguien piensa que la visión sobre la sostenibilidad del sistema de las pensiones cambia en tan sólo un año?", inquirió.
Asimismo, insistió en que "seguimos diciendo lo mismo: la reforma del sistema de pensiones ha aumentado el desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social en más de un punto del PIB". Además, detalló que el problema de fondo es que tenemos una regla de gasto en pensiones que no mide la sostenibilidad del sistema. "El ejercicio ya está hecho", añadió.
Por estas razones, la presidenta de la AIReF quiso dejar claro que "este tipo de medidas atenta contra nuestra independencia y autonomía de gestión", añadiendo que "tenemos una ley orgánica que nos dice muy claramente lo que tenemos que hacer, unos informes que son los que son (..), unas opiniones que se emiten a iniciativa propia de AIReF, no por imposición legal, y unos estudios que se nos encargan, donde sí tenemos posibilidad de gestionar nuestros recursos, porque planteamos un calendario".
De hecho, señaló que "una ley ordinario o que reales decretos (como son los dos últimos casos de pensiones) vengan a contradecir lo que dice nuestra ley orgánica". Así, añadía que "llevo denunciando mucho tiempo (...) que hay que parar esta deriva". De esta forma, concluía diciendo que "como veo que siguen proliferando normas, hemos planteado una consulta a la Abogacía del Estado para saber si la interpretación que estamos haciendo es la correcta o no".
Evaluación del IMV
En su Cuarta Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital, la AIReF explica que se han producido algunos avances en su implementación, como serían el incremento de los beneficiarios o la reducción de los tiempos de tramitación. De este modo, se expone que se ha producido un incremento interanual del 14% de los beneficiarios, situándose el total en 392.444 hogares de territorio fiscal común a finales de 2024. Por otra parte, se ha registrado una reducción en 45 días en los tiempos medianos de tramitación, hasta los 203.
Sin embargo, también identifica algunos problemas estructurales, entre los que cabe destacar la limitación de su cobertura y el alto porcentaje de beneficiarios que se ven afectados por procesos de revisión de rentas.
Del mismo modo, durante la rueda de prensa, la presidenta de la AIReF señaló que esta es una política que carece de unos objetivos claramente cuantificables. Así, subrayaba además que esta prestación pretende reducir el riesgo de pobreza pero no define qué se entiende por pobreza o cuáles han de ser las métricas estadísticas a considerar a este respecto.
Así las cosas, la AIReF detalla también que esta prestación tiene diversos problemas de diseño. En concreto, en el informe se explica que el IMV "utiliza información fiscal con desfase temporal que impide que los beneficiarios perciban de manera clara e instantánea las ventajas del incentivo". Además, se detalla que "carece de elementos que fomenten la rapidez en la incorporación laboral o la intensidad de la jornada" y se añade que "no ofrece duración garantizada que proporcione seguridad a los beneficiarios sobre la permanencia del beneficio".
Con todo, uno de los problemas del IMV más graves identificados por el organismo es el impacto que tiene sobre el empleo, dado que esta prestación tendría un importante componente desincentivador del empleo. Así, se explica que "el IMV reduce el número de días trabajados en 0,6 al mes, un 11 % respecto al promedio de días trabajados antes de iniciar la prestación".
Del mismo modo, se detalla que "el IMV reduce la probabilidad de trabajar en tres puntos porcentuales, un 12% con respecto al porcentaje promedio de titulares con trabajo antes de recibir el IMV". De hecho, este desincentivo es aún mayor para ciertos grupos de la población: "el inicio del IMV causa efectos desincentivo en el empleo superiores al 20% en algunos grupos: titulares con nóminas más altas, menores de 30 años y de hogares monoparentales".