Las medidas de protección a los trabajadores contra las condiciones meteorológicas tienen un coste económico directo sobre las empresas. Así lo ha destacado la OCDE en la última edición del informe sobre las ‘Perspectivas del empleo de la OCDE 2025’, en el cual se detalla la débil situación del mercado de trabajo español y la evolución que seguirá durante las próximas décadas.
De este modo, el organismo detalla cómo la legislación en vigor ha supuesto un coste adicional a las empresas, que tienen que asumir la carga de ofrecer protección a sus empleados contra los fenómenos meteorológicos adversos.
Coste económico
"Desde noviembre de 2024, España concede a los trabajadores hasta cuatro días de permiso remunerado cuando las autoridades imponen restricciones a la movilidad por motivos meteorológicos o cuando condiciones meteorológicas extremas hacen que el desplazamiento al trabajo sea inseguro, siempre que el trabajo no pueda realizarse a distancia", recuerda la OCDE, que destaca que "los empleadores deben sufragar el coste de este ‘permiso climático’".
Así, el organismo se refiere al Real Decreto-ley 8/2024, donde se establece "un nuevo permiso retribuido, de hasta cuatro días, para cuando no sea posible acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, cuando se deban prestar los servicios de manera presencial, como consecuencia del seguimiento de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento de las autoridades competentes, así como, en general, cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente".
De esta forma, la OCDE explica que "si bien esto sitúa a España entre los países líderes en la protección de los trabajadores frente al cambio climático, también supone un coste adicional para las empresas, que a menudo se ven afectadas por los mismos fenómenos meteorológicos extremos". Por tanto, supone una llamada de atención a los legisladores españoles con el fin de que, a la hora de implementar este tipo de medidas, ponderen también el impacto económico de las mismas.
De hecho, en Libre Mercado hemos informado recientemente de cómo Podemos proponía prohibir por ley trabajar al aire libre los días en los que la AEMET emita alertas rojas o naranjas por calor. "Toda la gente a casa, si hay una ola de calor, nadie puede estar en una obra, nadie puede estar limpiando una calle al aire libre", defendía el pasado martes Ione Belarra en una rueda de prensa.
Situación del mercado laboral
En este mismo informe, la OCDE analiza también la situación del mercado de trabajo español. A este respecto, destaca cómo nuestro país se encuentra a la cabeza en tasa de paro, tanto general como juvenil. De este modo, el organismo indica que "España sigue teniendo la tasa de desempleo más alta de la OCDE, más del doble de la media" en un contexto en el que, si bien los mercados laborales "se mantienen resilientes", lo cierto es que "hay señales de debilitamiento, con una desaceleración del crecimiento del empleo y un retroceso de la tensión en el mercado laboral hasta niveles previos a la pandemia del COVID-19 en muchos países".
Asimismo, respecto a la evolución del poder adquisitivo de los españoles, el informe detalla que los salarios reales se mantienen en nuestro país por debajo de los niveles de principios de 2021. "Aunque los salarios nominales aumentaron considerablemente en 2023 y 2024, los salarios reales en el primer trimestre de 2025 se mantuvieron un 4,2% por debajo del primer trimestre de 2021". En consecuencia, "esto sitúa a España en línea con la evolución salarial de la zona euro, pero por detrás de la mayoría de las principales economías de la OCDE".
Con todo, el estudio augura un futuro bastante negativo para la economía española debido a la evolución del mercado de trabajo. En concreto, dada la baja tasa de fecundidad y la elevada esperanza de vida, se estima que para el año 2060 España sea el país del a OCDE que sufra la mayor caída de la tasa de empleo con respecto al total de la población, "con una caída de 10,3 puntos porcentuales, frente a una media del 2% en el conjunto de la OCDE".
Naturalmente, esto impactará sobre el crecimiento económico de la economía española. "Si el crecimiento de la productividad se mantuviese en línea con su media de 2006-2019, el PIB per cápita aumentaría solo un 0,13% anual de aquí a 2060, frente al 0,53% registrado entre 2006 y 2019", destaca el informe en este sentido.