Espanto entre los inspectores de Hacienda tras la reunión bilateral que el Gobierno tuvo con la Generalidad ayer lunes para la poner en marcha el cupo catalán, lo que supondrá una ruptura del sistema de financiación actual.
"Hay que señalar que este modelo no está regulado en la Constitución ni en las normas de desarrollo, y, por tanto, mientras no se modifique la normativa, estamos hablando de un régimen ilegal, que además vulnera los principios de igualdad y solidaridad reflejados en la Constitución" denuncia la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), una de las asociaciones que más tiempo lleva anticipando las consecuencias de esta "barbarie".
La joya de la corona: la llave de la caja
A cambio del apoyo de los independentistas a la investidura de Salvador Illa, y el urgente espaldarazo que necesita ahora Pedro Sánchez en mitad del estallido de los casos de corrupción en el seno del Gobierno, Cataluña está a punto de hacerse con la joya de la corona de la financiación autonómica. Se trata de la llave de la caja de los impuestos regionales.
El regalo de Sánchez al independentismo empezará por el control del IRPF. "Se quiere que sea la Agencia Tributaria de Cataluña la que desarrolle la campaña de IRPF del año que viene" señalan los inspectores.
"Ciudadanos de primera y de segunda"
"Si Cataluña recauda todos los impuestos, se verán perjudicadas el resto de Comunidades Autónomas que, tendrán menos fondos para financiar los servicios públicos, y por tanto, tendremos ciudadanos de primera y de segunda" señala IHE, en la misma línea que han ido anteriormente otros organismos como Fedea.
El think tank de Ángel de la Fuente ha pronosticado que "habrá claros ganadores y perdedores" con el pacto y que las únicas opciones para el resto de España, tras la cesión a Cataluña, son "más impuestos o recortes".
Hasta la propia Isabel Díaz Ayuso avisó ayer de los problemas que tendría la Comunidad de Madrid para pagar los servicios públicos si tiene que aumentar su aportación a la caja común tras la marcha de Cataluña. "¿Cómo pago los colegios? ¿Cómo pago el metro? ¿Cómo pagamos más servicios públicos si todo lo tenemos que dar a los independentistas porque quieren fabricar una nación paralegal con el dinero de todos. ¿Cómo lo vamos a pagar? Es que no vamos a tener dinero" se preguntó.
En este sentido, los inspectores manifiestan que este modelo se puede generalizar al resto de Comunidades Autónomas, pero eso tendría dos consecuencias "muy graves":
- La primera de ellas, que "supondría dinamitar el sistema tributario, incluido el fraccionamiento de la Agencia Tributaria".
- La segunda de ellas es que "el Estado no dispondría de los fondos necesarios para atender sus funciones. No dispondría, por ejemplo, de fondos para financiar el importe de las pensiones que se financian con impuestos, los intereses de la deuda pública, el pago de los servicios sociales, como es el mínimo vital, así como el pago, en determinadas situaciones, como sucedió con los ertes en época de pandemia".
Los inspectores concluyen que "no hemos oído ni una sola opinión positiva, o alguna ventaja del nuevo modelo por parte de los expertos, y solo obedece a un acuerdo político para el nombramiento del presidente de la Generalitat". Mañana miércoles han convocado a la prensa para ahondar en este asunto.