El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, bajo la batuta de Luis Planas, ha anunciado que está ultimando una norma que permitirá al Gobierno ordenar la retirada obligatoria de parte de la producción de aceite de oliva si se registra una cosecha elevada en la campaña 2025-2026. El objetivo, afirman, es evitar un descenso de precios en origen que "desestabilice el mercado". Así que, aunque haya una buena cosecha, el aceite de oliva nunca será demasiado barato a juicio del Gobierno.
El ministerio argumenta que esta medida se ampara en el artículo 167 bis del Reglamento europeo sobre la organización común de mercados agrarios, que permite a los Estados miembros "establecer normas de comercialización para regular la oferta con la finalidad de mejorar la situación del mercado en un momento determinado".
"Tras dos campañas de baja producción, se ha recuperado la normalidad productiva en 2024/25, donde se han superado los 1,4 millones de toneladas", dice el Ministerio de Planas. Esto "podría suponer un aumento de oferta de este producto y generaría una desestabilización de los mercados, para lo cual existe la posibilidad de activar mecanismos de regulación". Es por ello que, continúa argumentando, "ante la previsión de una eventual sobreoferta, es necesario tener a punto este mecanismo (…) para contribuir a estabilizar la situación de mercado".
El texto, que ya ha sido sometido a consulta pública desde el pasado 17 de junio, podría aprobarse antes del 31 de octubre, con vistas a su posible aplicación en la próxima campaña de aceite. Según la propuesta del Ministerio, el producto retirado podrá almacenarse hasta la siguiente campaña o destinarse a usos no alimentarios.
Del almacenamiento voluntario a la obligación
Hasta ahora, las medidas para evitar una sobreoferta en el mercado del aceite se han basado en mecanismos voluntarios como el almacenamiento privado, utilizado en 2020 con la autorización de Bruselas. En aquel caso, se retiraron unas 150.000 toneladas de aceite, por las que se repartieron 24 millones de euros en subvenciones públicas.
La novedad de la propuesta actual reside en que la retirada sería obligatoria y afectaría a todos los productores, que tendrían que apartar un porcentaje de su producción si se activara el mecanismo.
A pesar de ello, Agricultura subraya que la aprobación de esta norma no implica su aplicación automática. La activación dependerá de los datos de previsión de cosecha que aporten las comunidades autónomas. "Es una herramienta preventiva que solo se usará si las cifras lo justifican", según han explicado desde el ministerio a VerificaRTVE.