El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha aceptado la penúltima exigencia separatista: la cesión a Cataluña de la legislación, la recaudación y la inspección de todos los impuestos existentes en España.
En resumen, la creación para Cataluña de un cupo y fuero inconstitucionales a imagen y semejanza del vasco y del navarro con la diferencia de que la Carta Magna sólo recoge esta posibilidad para estas dos comunidades autónomas. Para nadie más. Y ese sistema, ilegal en sí mismo para el resto, esconde un cálculo milimétricamente elaborado por los separatistas, en concreto, por el equipo del golpista condenado Oriol Junqueras, que aún conserva su experiencia como máximo responsable financiero de la Generalidad en época del 1-O.
"Cataluña quiere desplegar la hacienda catalana para gestionar de forma progresiva los impuestos, lo que es compatible con un modelo tributario federal con mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación, liquidación e inspección" señala el texto del acuerdo entre Sánchez y Cataluña.
¿Pero dónde está la clave de esta ruptura del modelo constitucional? Según los firmantes, "se ha incrementado la participación de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) en la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 2024, de tal forma que, conjuntamente con la AEAT, ha sido posible prestar mejores servicios de información y asistencia a los contribuyentes catalanes". Por tanto, "a partir de la experiencia en la campaña del IRPF 2024, ambas administraciones acuerdan "intensificar la participación en la campaña del IRPF 2025 de la Agencia Tributaria de Cataluña".
Una cuota de solidaridad
Pues bien, eso se hará desde la base de un cálculo que ha elaborado ERC. Se fija una cuota de solidaridad que teóricamente debería pagar Cataluña a sistema de solidaridad nacional. Pero, para empezar, esta cuota viene acompañada de exigencias por parte de los partidos independentistas y del PSC: que el resto de CCAA realicen un esfuerzo fiscal similar (es decir, que suban impuestos a la población); que se aplique el límite del principio de ordinalidad (de forma que el pago se va reduciéndolo a cero o casi cero a medida que los demás reciben más o aportan menos); y que se definan como los separatistas quieran las necesidades de financiación de las competencias no homogéneas de Cataluña. En resumen, que la cuota de solidaridad es papel mojado.
Y todo se ha hecho en base a unos datos que conoce bien Junqueras como antiguo responsable del área fiscal de la Generalidad. Para empezar, los separatistas parten de la cifra de impuestos recaudados en Cataluña en 2023: 53.543 millones de euros. Y se asigna a ellos por el actual sistema de financiación: 23.255 millones. La diferencia es de 30.288 millones. Y eso es literalmente lo que reclaman.
Pero estos 30.288 millones no son reales. ¿Por qué? Pues porque 5.500 millones se destinan a costear servicios comunes; 5.100 del pago del servicio de la deuda y sus intereses; 11.300 millones van a la Seguridad Social y Europa; y 600 millones son las transferencias del Estado que ya no se efectuarían con el nuevo esquema porque la Generalidad pasa a quedarse todo.
En resumen, que quedan 7.788 millones para incrementar la financiación -de una forma también contraria a los actuales principios de solidaridad- y pagar la nueva y teórica cuota de solidaridad.
Todo ello sin contar con el hecho de que la recaudación total en Cataluña de 53.543 millones no es por el mayor nivel de Cataluña (tan sólo una parte es por ese motivo). Lo es principalmente por el efecto sede de las empresas y porque es en esa región donde presentan sus declaraciones. De hecho, si esa fuese la cifra a tener en cuenta, Madrid recauda 120.575 millones de euros. ¿Hay que dárselos? Porque entonces se acaba hasta el pago a los médicos, profesores y policía de todo el resto.