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Los fiscales del 1-O: no se puede amnistiar a Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa, Comín y Puig

En un escrito, al que ha tenido acceso LD, advierten a García Ortiz que amnistiar la malversación es "improcedente y contrario a las leyes".

En un escrito, al que ha tenido acceso LD, advierten a García Ortiz que amnistiar la malversación es "improcedente y contrario a las leyes".
Imagen TV

Los fiscales del 1-O han advertido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la Ley de amnistía no se puede aplicar al delito de malversación cometido por el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont; el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras; y los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Toni Comín y Lluís Puig

En un escrito de 9 páginas remitido a García Ortiz, al que ha tenido acceso Libertad Digital, los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno afirman que "resulta indudable que los procesados PUIGDEMONT, COMYN y PUIG (en su condición de Presidente y Consejeros de la Generalitat) y los condenados por sentencia firme JUNQUERAS, TURULL, ROMEVA y BASSA, como receptores de los gastos sustrajeron por sí mismos caudales públicos. No recurrieron a la conducta pasiva de comisión por omisión de consentir que otros sustrajesen, sino que ellos mismos sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del TC y del TSJ de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España y proclamación de independencia; y esos fondos no han sido restituidos".

"La malversación de caudales públicos supuso un beneficio patrimonial para los autores, pues destinaron los mismos a la elaboración, desarrollo y concreción de su ilegal proyecto que les produjo un indudable beneficio patrimonial, pues decididos a toda costa a celebrar el referéndum ilegal conocían perfectamente la magnitud de gastos y la necesidad de obtenerlos recurriendo con clamorosa infracción del deber de custodia a su sustracción del erario público de todos los españoles", añaden.

"En nuestro caso, los funcionarios públicos constituidos en autoridad se apropiaron de fondos públicos con ánimo de lucro propio, no de terceros. Ello implica un enriquecimiento personal al poder disponer para sus ilícitos fines de fondos públicos. No fueron los terceros que recibieron los fondos los que los sustrajeron con la complacencia omisiva de los gestores públicos, sino que fueron éstos quienes se apropiaron del dinero para pagar las contraprestaciones onerosas realizados por encargo de los mismos. Es decir, incorporaron a su ámbito de dominio el dinero ocultado y escondido a los ojos de la Intervención del Estado para sufragar los gastos de su proyecto inconstitucional", destacan los fiscales.

"La malversación de fondos públicos para financiar un proceso secesionista dentro de un Estado que forma parte de la Unión Europea, con el consiguiente riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión", añade el escrito.

Los fiscales resaltan que "es evidente que la ley de Amnistía afecta directamente a los intereses de la UE por cuanto la finalidad de todo el procés fue la desintegración de España y la declaración de independencia de Cataluña".

"La ley de amnistía es aplicable a las procesadas MARTA ROVIRA VERGES y CLARA PONSATI OBIOLS al amparo del art. 1.1.c) de la norma ya que su procesamiento lo ha sido exclusivamente por el delito de desobediencia, y al resto de procesados y condenados por este delito. No es aplicable a los procesados PUIGDEMONT, COMYN y PUIG, y a los condenados JUNQUERAS, TURULL, ROMEVA y BASSA por el delito de malversación de fondos públicos", apuntan

Convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala

En el mismo escrito, los fiscales del 1-O efectúan esta advertencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: "Si considera V.E. que debe aplicarse en todo caso la ley, prescindiendo del análisis del hecho concreto y de los argumentos jurídicos expuestos en los informes que se adjuntan, deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada, y a continuación proceder conforme a lo dispuesto en el art. 27 EOMF -convocando la audiencia preceptiva de la Junta de Fiscales de Sala- ya que estimamos que su aplicación en lo que concierne al delito de malversación de fondos públicos es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la norma".

"En el caso de que V.E. mantenga finalmente la decisión sobre la aplicación de la ley a los hechos constitutivos de malversación, en aplicación del art. 25 EOMF será necesario dictar un decreto motivado que acuerde la avocación de la causa para ser despachada por V.E. o quien designe a tales efectos", concluyen.

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