Los cuatro fiscales del 1-O se han rebelado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y le han transmitido que no acatarán su orden de avalar la amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont.
Los fiscales del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno comunicaron hace dos semanas verbalmente y por escrito al fiscal general que la Ley de amnistía no se podía aplicar al delito de malversación que cometió Puigdemont durante el golpe del 1-O. Según el informe de los fiscales que superaba las 100 páginas, las medidas cautelares acordadas y las órdenes de detención no podían ser alzadas cuando se publique la Ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), hecho que ha sucedido este martes.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "García Ortiz ha convocado este martes a lo fiscales del 1-O para transmitirles que no aceptaba su informe en el que no avalan la amnistía de Puigdemont y que les daría orden de presentar otro alternativo. Los fiscales le han contestado que no firmarán otro informe distinto al suyo y que entonces pedirán la aplicación del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
Dicho artículo establece que "el Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola. De proceder de un superior, elevará informe a éste, el cual, de no admitir las razones alegadas, resolverá de igual manera oyendo previamente a la Junta de Fiscalía. Si la orden fuere dada por el Fiscal General del Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala".
Este martes tras la publicación de la amnistía en el BOE, el magistrado instructor del 1-O, Pablo Llarena, daba traslado a las partes personadas en la causa, incluida la Fiscalía, para informar sobre la aplicación de la Ley. También comunicaba a la Policía que la orden de detención nacional contra Puigdemont sigue vigente.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "previsiblemente se convoque una Junta de Fiscales de Sala antes del miércoles de la semana pasada, cuando vence el plazo de Llarena". Tal y como avanzó este diario, García Ortiz intentará que su mano derecha, la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde, asuma el informe sobre el caso del referéndum ilegal del 1 de octubre y así pedir el aval de la amnistía a Puigdemont ante la Sala Penal del Tribunal Supremo en nombre del Ministerio Público.
Recordamos que la Junta de Fiscales de Sala, la cúpula del Ministerio Fiscal, ha sido colonizada en los últimos años por fiscales de la asociación izquierdista Unión Progresista de Fiscales (UPF) durante los mandatos de García Ortiz y su predecesora al frente de la Fiscalía General del Estado Dolores Delgado. De la treintena larga de fiscales de Sala que hay en la actualidad, más de 20 pertenecen a la UPF. Por tanto, la Junta de Fiscales está controlada por el fiscal general. Cabe destacar que la Sala Penal del Supremo tendrá la última palabra sobre la aplicación de la amnistía tras recabar el informe del Ministerio Público.
El informe de los cuatro fiscales del 1-O
El informe de los cuatro fiscales del 1-O sobre la amnistía, al que ha tenido acceso este diario, justifica la no aplicación de la amnistía al delito de malversación de esta forma: "Es claro que concurre en los procesados rebeldes, Puigdemont, Comín y Puig, a la sazón Presidente de la Generalitat, Consejero de Sanidad y Consejero de Cultura respectivamente, al igual que en los condenados Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, todos los elementos del tipo penal: infracción del deber de custodia, apropiación de fondos públicos, beneficio patrimonial en cuanto se dedican a fines inconstitucionales de extraordinario costo que les beneficiaban para conseguir sus propósitos, no restitución y ánimo de lucro".
"A ello cabe añadir que conforme al derecho comunitario la malversación de fondos públicos afecta a los intereses financieros de la Unión Europea, siendo aplicable por ello la exclusión del ámbito de aplicación de la ley que establece el art. 2.e) de la citada norma".
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