Los golpistas no cometieron ningún delito. Ni sedición, ni malversación. Ni siquiera desobediencia. El referéndum ilegal, la proclamación de independencia, el desvío de ingentes cantidades de dinero público para la causa separatista, la vulneración de derechos de la población no nacionalista, los ataques a personas y organizaciones constitucionalistas, el incumplimiento de cuantas leyes hicieran falta y el golpe de Estado perpetrado desde la propia Generalidad ya no son delito.
La ley de amnistía publicada este martes a primera hora en el Boletín Oficial del Estado (BOE) es el colofón del "Procés", un triunfo sin paliativos de los separatistas. A partir de ahora comienza una farragosa contienda judicial. Son los separatistas quienes deberán de mover ficha en primer lugar y solicitar el decaimiento de los procesos en los que estén incursos y también la suspensión definitiva de las medidas cautelares. O en el caso de Carles Puigdemont, de la orden de detención en territorio nacional. Y a partir de la solicitud, los jueces disponen de dos meses, según la nueva ley, para decidir sobre cada caso individual. Dentro de ese plazo, les caben opciones como atender positivamente la solicitud, presentar recurso al Tribunal Constitucional o solicitar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La entrada en vigor de la ley a partir de hoy pone el foco en Carles Puigdemont y en secundarios como Marta Rovira, la secretaria general de ERC fugada en Suiza y que negocia la formación de un nuevo gobierno para Cataluña. También en los principales condenados por el Tribunal Supremo y que pese al indulto aún están inhabilitados, como es el caso de Oriol Junqueras o de Jordi Turull. No así el de Josep Rull, el nuevo presidente del Parlament, que arrancó este lunes la decimoquinta legislatura autonómica desafiando al Tribunal Constitucional al aceptar los votos de los de momento fugados Lluís Puig y Carles Puigdemont.
Casos pendientes
En cuanto a jueces y fiscales, es conocida la posición contraria de los fiscales del Tribunal Supremo que juzgaron el golpe y también la de la gran mayoría de los jueces. En la Audiencia Nacional está vivo el sumario del Tsunami Democràtic por el que se imputan a Puigdemont y Rovira un delito de terrorismo. También está abierta la causa por las vinculaciones del independentismo con el régimen ruso. En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se aplazó a septiembre el juicio por la organización del referéndum ilegal que afecta a cargos de ERC como Josep María Jové y Lluís Salvadó. Se trata del sumario que instruyó el juzgado número 13. También hay casos pendientes por delitos de violencia en manifestaciones separatistas.
El retorno de Puigdemont
La pretensión de Puigdemont de asistir a la sesión de investidura, que se debería celebrar el próximo 25 de junio, choca con los plazos de aplicación de la ley, de modo que podría ser detenido y encarcelado de manera preventiva. De entrada, sus abogados tendrán que consultar en el Tribunal Supremo y con la Audiencia Nacional la situación procesal real de Puigdemont y solicitar la retirada de la orden de detención. El Tribunal Supremo se puede tomar dos o más semanas en contestar, de modo que Puigdemont no las tendrá todas consigo si decide cumplir su palabra y regresar a España.
