No aplicar la Ley de Amnistía elaborada por el Gobierno de Pedro Sánchez para el expresidente catalán fugado Carles Puigdemont se ha convertido en una opción real para el Tribunal Supremo.
El pasado jueves, los fiscales del 1-O Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno comunicaron verbalmente y por escrito al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la Ley de Amnistía no se podía aplicar al delito de malversación que cometió Puigdemont durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "los fiscales del 1-O han abierto una vía jurídica que podría materializar ahora el Tribunal Supremo. En los últimos meses, se daba por hecho que el Alto Tribunal plantearía inmediatamente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en cuanto la Ley se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE)".
"No obstante, la evolución de la Ley de amnistía durante su tramitación en el Congreso de los Diputados, en la que se han aceptado diversas enmiendas de Junts y ERC al texto inicial, ha abierto una serie de grietas jurídicas que podrían evitar la aplicación directa de la amnistía por parte del Alto Tribunal, sin necesidad incluso de recurrir de inicio a la justicia europea, Es decir, directamente no aplicar la Ley", añaden.
Recordamos que en la actualidad, Puigdemont está procesado por malversación agravada por el caso del 1-O y además, es investigado por el Supremo por un delito de terrorismo en el caso de Tsunami Democrátic. En tercer lugar, el expresidente catalán fugado podría enfrentarse a otro posible delito de traición derivado de la investigación del caso Voloh sobre sus conexiones con Rusia que está abierta en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona.
Las mismas fuentes consultadas por LD aseguran que "el texto inicial de la Ley en el que colaboró el presidente del Constitucional Cándido Conde-Pumpido (tal y como desveló en exclusiva LD) ya era inconstitucional y atentaba contra el Derecho de la UE. Sin embargo, estaba mucho mejor armado que el texto final".
"En el caso de que el Supremo rechazará aplicar directamente la Ley de amnistía en los delitos de malversación, terrorismo o traición de Puigdemont, el caso podría acabar recurrido ante el Tribunal Constitucional. Si Conde-Pumpido enmienda una vez más la plana a la Sala Penal del Supremo que preside Manuel Marchena, el Alto Tribunal podría presentar entonces una cuestión prejudicial ante el TJUE contra la propia resolución del TC. Conde-Pumpido se vería en una encrucijada, ya que la Justicia europea podría tumbar su resolución y dejarlo completamente retratado", concluyen.
El informe de los cuatro fiscales del 1-O sobre la amnistía entregado al fiscal general justifica la no aplicación de la amnistía al delito de malversación de esta forma: "Concurre en los procesados rebeldes, Puigdemont, Comín y Puig, a la sazón Presidente de la Generalitat, Consejero de Sanidad y Consejero de Cultura respectivamente, al igual que en los condenados Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, todos los elementos del tipo penal: infracción del deber de custodia, apropiación de fondos públicos, beneficio patrimonial en cuanto se dedican a fines inconstitucionales de extraordinario costo que les beneficiaban para conseguir sus propósitos, no restitución y ánimo de lucro".
La indignación de Conde-Pumpido con las enmiendas
Tal y como publicó este diario el pasado mes de abril, el presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido está muy indignado por las diferentes enmiendas que se han presentado por parte de ERC y Junts al primer texto que él visó para luego poder avalarlo en el seno del Tribunal de Garantías cuando se estudie un eventual recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP.
En este contexto, Conde-Pumpido se lamentó ante sus propios compañeros del TC al considerar que "había perdido el control sobre el texto inicial", así como mostró su enfado con el protagonismo del abogado de Puigdemont Gonzalo Boye en la elaboración posterior de la Ley al considerarlo un jurista de segunda categoría en comparación con él mismo.
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