Los separatistas catalanes no han esperado siquiera a la publicación este martes de la mal llamada Ley de Amnistía en el BOE para dejar en evidencia hasta qué punto sigue vivo y fortalecido su golpe de Estado en forma de procés de independencia con la decisión de la Mesa de Edad del Parlamento de Cataluña de hacer caso omiso al Tribunal Constitucional y admitir el voto telemático o delegado de los prófugos Carles Puigdemont y Lluis Puig.
Hace bien el PP en presentar un recurso de amparo ante el TC y, mejor aun, Vox al anunciar una querella por desobediencia y prevaricación contra los dos miembros de la Mesa de Edad que han admitido la delegación del voto. El hecho de que los separatistas se hayan puesto de acuerdo para perpetrar este nuevo delito y para que el órgano de gobierno de la cámara autonómica lo presida el expreso indultado Josep Rull no sólo demuestra lo difícil que lo va a tener Salvador Illa para presidir la Generalidad sino hasta qué punto el desafío de los separatistas contra nuestra nación entendida como Estado de derecho no sólo sigue vivo sino fortalecido y amparado por el propio presidente de Gobierno Pedro Sánchez que, tal y como era previsible, está decidido a mantenerse en la poltrona al precio que sea.
Y es que, aun cuando algunos ilusos, a la vista de las últimas elecciones catalanas o europeas, hablen de "fin de ciclo" o de "elecciones anticipadas" —no digamos ya los golfos que maquillan de "reconciliación entre catalanes" la rendición de nuestro Estado de derecho en forma de Amnistía— lo que es un hecho es que Sánchez quiere agotar la legislatura con el apoyo —o mera condescendencia— de los golpistas que siguen, pública y abiertamente, comprometidos con el procés. El hecho que de los separatistas hayan tenido un revés en los últimos comicios no borra el hecho de que siguen siendo más poderosos que nunca desde el momento en que es el presidente del gobierno de la nación el que ha hecho suyo el proyecto de impunidad y autodeterminación de los separatistas. Hasta el punto de que el desafío a nuestro ordenamiento constitucional y a nuestra persistencia como democracia liberal lo lidera el presidente del gobierno de la nación.
Ante este tenebroso panorama, coronado con la publicación en el BOE de la ley de Amnistía, nuestro único consuelo o motivo de esperanzas son los Tribunales y lo que queda de España como Estado de derecho. El hecho de que los fiscales del 1-0 se hayan revelado contra la orden de García Ortiz de avalar la amnistía; el hecho de que el Tribunal de Cuentas haya puesto en marcha el mecanismo para preguntar a la UE; o el hecho de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que mantiene la orden de detención contra Puigdemont y resto de prófugos, haya dado un plazo de cinco días a las partes para que informen sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos, bien puede ser la antesala de un aluvión de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, según el derecho comunitario, la jurisprudencia y las propias declaraciones del Comisario de Justicia Didier Reynders conllevaria la inaplicación de la ley de amnistía hasta que el TJUE se manifieste en relación a su compatibilidad con el derecho comunitario.
Y es que la incompatibilidad con el ordenamiento jurídico europeo de la, a su vez, inconstitucional ley de Amnistía es nuestra única esperanza, no ante un cambio de gobierno, sino ante un cambio de régimen como el que pretende consumar Pedro Sánchez.