Hasta ahora, el ministro del Interior ya se había ganado a pulso el título de peor responsable del ramo de la historia de la democracia, además de ser el personaje casi de cualquier época con una mayor degradación a los ojos de los españoles: de aquel juez valiente que investigaba el chivatazo del Faisán a este despojo político al servicio de Sánchez, el mandatario más corrupto e inmoral quizá desde Fernando VII.
Las frases anteriores pueden parecer excesivas o exageradas, pero no lo son: la colección de razones para pensar así, en cambio, sí que es notable: mentiras como el infame bulo del culo, por poner solo un ejemplo; decisiones cuanto menos sospechosas como el desmantelamiento de OCON-Sur; el desprecio y abandono al que tiene sometidos a la Policía y a la Guardia Civil, que le ha llevado a numerosos gestos de desprecio como su ausencia del funeral de dos guardias civiles asesinados y, peor todavía, a no cubrir las enormes carencias materiales y de medios que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Con todo, quizá lo peor haya sido que todo un ministro del Interior y magistrado en excedencia haya mostrado, desde muy pronto, una inclinación irrefrenable por situar su actuación más allá de los límites de la ley, por decirlo de una forma suave. El primer aviso llegó en plena pandemia cuando el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil llegó a reconocer que se estaban monitorizando las críticas al Gobierno.
Poco después llegó el escándalo de la destitución de Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil que se negó a facilitarle información sobre investigaciones que desarrollaba el Instituto Armado, una petición que en sí misma era una ilegalidad y un cese que el Tribunal Supremo se encargó de declarar ilegal, decisión que ya habría bastado para que un ministro dimitiese en cualquier democracia occidental.
Lo mismo que el increíble escándalo del director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, que tuvo que dimitir cuando se presentó una denuncia de agresión sexual y que no solo había sido nombrado por el propio Marlaska, sino que el ministro prolongó su mandato con una maniobra peor que rastrera aprovechándose de la tragedia de la DANA.
Como ven —y este ni siquiera es un resumen exhaustivo—, se trata de una carrera sin precedentes ni comparación posible. Y cuando ya pensábamos que los escándalos no podían subir más alto ni el ministro caer más bajo, el sumario de la cloaca del PSOE ha venido a desengañarnos: que desde el propio Ministerio del Interior se ordenase no investigar la corrupción, que la directora de la Guardia Civil se reuniese con la —presunta— delincuente Leire Díez, algo que ya ni niega Marlaska, que hubiese guardias civiles a los que se castigaba por hacer su trabajo y por defender la democracia es otro nivel de indignidad que, incluso en el caso de Marlaska, pensábamos imposible.
Marlaska no puede estar en su puesto ni un minuto más; no puede seguir arrastrando por el fango el buen nombre del Ministerio del Interior, de la Policía y de la Guardia Civil, y sus últimos gramos de dignidad personal. Sin embargo, lo hará, a pesar de que, dada su carrera antes de la política, no es uno de esos ministros que, tras la poltrona, no tienen dónde caerse muertos, como se dice popularmente. Eso sí, algún día sabremos qué oscuras o miserables razones lo llevan a atornillarse a un puesto que, por él mismo y sobre todo por España, debería haber dejado hace muchos años.