Por una vez el Gobierno ha rectificado y ha adoptado una decisión en favor del bien común de los españoles. Por una vez el Gobierno ha cedido a la razón y a la lógica y ha autorizado una prórroga de tres años para la central nuclear de Almaraz. El anuncio se ha producido a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) en pleno agosto y sin comparecencias o declaraciones públicas.
Ningún miembro del Gobierno ha salido a dar explicaciones. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, no se ha dignado a dar la cara a pesar de que por una vez le iba a tocar defender una decisión correcta, lógica y normal, ajena a los delirios ecologistas y las alucinaciones renovables. Tal vez ha preferido esconder la cabeza debajo del ala y abstenerse de dar unas explicaciones y unas razones totalmente contradictorias con las líneas marcadas por su antecesora en el cargo, Teresa Ribera, la pertinaz enemiga de las nucleares en España, pero favorable a ellas en el marco comunitario en virtud de su cargo de comisaria europea de Competencia.
Cabalgar contradicciones es una de las especialidades de la izquierda, algo que se le da muy bien a Ribera, autora de los planes y calendarios para el cierre de las nucleares que suponen un suicidio energético para España y que no duda en repartir ayudas e incentivos para la tecnología nuclear en el resto de Europa. Pero lo que vale para Francia, Alemania, Italia, Bélgica, etcétera, etcétera, resulta que no es de aplicación en España. Habrá otras formas de lesionar los intereses españoles, pero no tan directas como las que practica Ribera.
En el caso de la central de Almaraz, el Gobierno se escuda en la guerra en Ucrania y en la de Irán para justificar una promesa incumplida, el cierre de esta nuclear. Por fin acepta –aunque no lo diga en público– que las renovables no aportan al sistema la energía estable que sí ofrecen las tecnologías tradicionales y que fiar el sistema energético nacional a ellas es un completo disparate cuyas consecuencias ya se vieron con el gran apagón del año pasado, un desastre histórico por el que nadie asumió responsabilidad alguna como es propio del sanchismo.
Las fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica que han salido a explicar el giro no han tenido más remedio que reproducir los argumentos de quienes pedían la prórroga, pero se parapetan en los volátiles escenarios internacionales para que la rectificación no les resulte tan dolorosa. Es más, a pesar de la orden en el BOE llegan a decir que la posición del Gobierno no ha cambiado, que se mantiene en su posición de siempre y que si se concede la prórroga es porque se dan las circunstancias excepcionales previstas por Sánchez para autorizar el funcionamiento de la central hasta 2030. También aluden las mismas fuentes a la consistencia de la apuesta por las renovables y que el resto de centrales nucleares de nuestro país se cerrarán según los calendarios previstos, que determinan que en nueve años la energía nuclear será historia en España.
Como la fiabilidad del Gobierno es la que es, la apuesta por las renovables y que se haya dicho que el resto de las nucleares se cerrarán según lo anunciado no ha arredrado a los alcaldes de Ascó y Vandellós, que piden ya la continuidad de sus centrales. Luchan contra fuerzas muy poderosas: las supersticiones ecologistas tienen un gran peso en el Gobierno. Sumar ya ha puesto el grito en el cielo, pero el cambio de criterio en Almaraz abre una puerta a la esperanza para ciudadanos y empresas.