Hace tiempo que España no se encuentra entre los países más ricos, influyentes y vanguardistas del mundo, sobre todo después de ocho años de Gobierno sanchista. Donde los inversores antes veían un gran potencial, hoy ven un Estado en descomposición, en el que la seguridad jurídica brilla por su ausencia y sus ciudadanos son cada vez más pobres. No solo porque en términos de renta per cápita la brecha con la UE se haya incrementado, sino también por la degradación de los servicios a los que tienen acceso, a pesar de los récords consecutivos de recaudación.
España se resquebraja a pedazos y el sistema ferroviario es un claro síntoma de ello. Según el último informe elaborado por Renfe, correspondiente al mes de junio, el 55% de los trenes de alta velocidad y larga distancia llega a su destino dentro del margen de cinco minutos de puntualidad establecido por la entidad para medir la excelencia del servicio. Dicho de otro modo: casi la mitad de los trenes en nuestro país no llega a tiempo a su destino. Además, la demora media registrada fue de casi 20 minutos durante el mes de junio. Pero, oiga, al menos no gobierna la ultraextrema derecha de PP y Vox. ¿O acaso hay muchos países que tengan el privilegio de contar con el "Gobierno más progresista de nuestra historia"?
El fatídico accidente de Adamuz, en el que murieron 46 personas, destapó totalmente las vergüenzas de una red ferroviaria que hacía tiempo que los usuarios criticaban por su deterioro. En los meses previos a la catástrofe, a los retrasos se sumaba la sensación de inseguridad que dinamitaba la confianza de los viajeros. Mientras tanto, en lugar de garantizar la seguridad de los usuarios —para lo cual se requiere diligencia y responsabilidad, no solo incrementar la inversión, que ya venía lastrada—, el ministro tuitero y, en ocasiones, de Transportes, Óscar Puente, prefería repartir porrazos en X contra la oposición, contra los usuarios y contra todo aquel que osara poner en duda su gestión, una mala costumbre que todavía no ha corregido y cuya máxima expresión llegó, precisamente, tras lo ocurrido en Córdoba. Incluso para insultar al rey Felipe VI tiene tiempo Puente, pero no para gestionar Renfe.
El problema para Puente y el discurso triunfalista del Gobierno es que quienes dictan sentencia sobre la calidad del servicio ferroviario son los viajeros. Y el veredicto es unánime: en los seis primeros meses del año el número de usuarios de la alta velocidad en España se ha desplomado un 15%. Así, solo en el mes de junio, el ferrocarril en su conjunto registró una caída de más del 8% en comparación con el año anterior.
Es posible que, para Puente, los usuarios se hayan derechizado en los últimos meses y, engañados por las malas artes de los peligrosos extremistas que desean derrocar el régimen sanchista, hayan sucumbido a la propaganda facha. Esto explicaría por qué los españoles evitan por todos los medios utilizar nuestra magnífica red ferroviaria. Pero ¿también ha abducido la derecha a los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)? Quizás sea demasiado suponer, incluso para Puente, que esta sea la razón por la cual los informes anuales del organismo arrojen un incremento del 142% del número de accidentes ferroviarios desde 2018.
Todo ello ocurría a pesar de que Adif y el Ministerio de Transportes se convertían en los mayores receptores de los fondos europeos. ¿Para qué ha servido esta lluvia de millones si los trenes en España viven el peor momento de su historia? ¿Dónde ha sido destinado todo este dinero? El ministro Puente debería preocuparse por evitar que la red ferroviaria española siga empeorando y que los usuarios puedan disfrutar de un servicio que, sobre todo en el caso de la alta velocidad, hace no tanto era una referencia a nivel mundial.