El Gobierno ha anunciado a través del BOE y sin declaraciones públicas la decisión sobre política energética más relevante de los últimos años: la central nuclear de Almaraz operará tres años más, como pidieron las empresas, y el tablero se mueve de forma muy relevante aunque el Ejecutivo sostenga que nada va a cambiar para el resto.
La medida, que supone una enmienda radical sobre lo prometido anteriormente (dejando aparte las palabras del propio Ejecutivo, el cierre se había anunciado a Europa y estaba incluido en el pacto de Gobierno con Sumar), no ha sido explicada por la ministra Sara Aagesen, que como su predecesora Teresa Ribera se había comprometido desde su puesto a cumplir con el calendario pactado en 2019. En su lugar, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica han tratado de justificar esta nueva promesa incumplida de Pedro Sánchez amparándose en las "circunstancias extraordinarias" derivadas de la guerra de Irán: "La decisión se produce ponderando las circunstancias extraordinarias derivadas del conflicto en Oriente Medio y de la continuidad de la guerra en Ucrania. Hay una situación energética internacional excepcional y sobrevenida que está generando un escenario de elevada volatilidad y precios altos de los combustibles fósiles, cuya duración es actualmente imposible de prever".
El Gobierno asume, como si fuera nuevo, uno de los principales argumentos de quienes avisaban de las consecuencias del cierre nuclear: el impacto en el precio de la luz por la sustitución de la nuclear por los ciclos combinados dado que las renovables intermitentes aún no aportan al sistema la energía estable que sí ofrecen las tecnologías tradicionales. Transición Ecológica apunta que tanto la volatilidad como la incertidumbre "son significativamente mayores a las anticipadas hace tan solo unos meses". "En el contexto actual, la prórroga, coyuntural, puede contribuir a moderar la exposición de los consumidores a unos picos de precios de los combustibles fósiles no previstos anteriormente", señala llamativamente un Ejecutivo que lleva meses jactándose de los bajos precios mayoristas de la luz. "Ello permite", añaden, "seguir protegiendo a la población ante la volatilidad de los precios y la incertidumbre en este periodo, mientras se sigue ampliando la respuesta estructural frente a la dependencia de los precios de combustibles fósiles: el despliegue de renovables".
Las fuentes del Ministerio de Sara Aagesen llegan a asegurar que respecto a Almaraz, "el Gobierno mantiene exactamente la misma posición que ha defendido siempre". Aluden a las tres condiciones que marcó Pedro Sánchez para una prórroga cuando el debate arreció por el apagón: seguridad, que no supusiera un coste para el ciudadano y que no pusiera en peligro el suministro. Según el Ministerio, "esta extensión, acotada y limitada, se otorga tras comprobar el cumplimiento de las tres condiciones establecidas": es segura porque así lo ha avalado el CSN, "no compromete la seguridad de suministro" y "no tiene coste para los ciudadanos, porque, aunque las compañías propietarias habían reclamado bajadas de impuestos, se concede sin ningún tipo de rebaja fiscal ni contraprestación económica para las empresas eléctricas". Las eléctricas en su día renunciaron a solicitar una rebaja al pedir la prórroga en un intento de hacer posible la decisión.
Con sus socios y los ecologistas clamando contra la medida, el Ejecutivo afirma que "la apuesta de este Gobierno por las energías renovables permanece intacta". "Nuestra hoja de ruta es clara, como lo ha sido todos estos años. Este Gobierno va a seguir impulsando una agenda de apuesta sin precedentes por las renovables, porque sabemos que es nuestra principal palanca de competitividad, autonomía estratégica y de modernización de nuestra economía", señalan, apuntando que "el cierre de Almaraz en 2030 no compromete el objetivo de penetración de las energías renovables". Asegura que han calculado que su impacto será "muy limitado": "la reducción de su aportación prevista para 2030 será de poco más del 1%, un porcentaje marginal que no altera de forma significativa la senda de transición energética del país".
El Gobierno también afirma que esta decisión "se circunscribe exclusivamente a la instalación de Almaraz, no alterándose la fecha de cese definitivo del conjunto del parque nuclear en 2035".