Francia se plantea un severo ajuste económico en 2026. El primer ministro centrista, François Bayrou, ha presentado en la Asamblea Nacional las líneas maestras de unos presupuestos que pretenden ahorrar 43.800 millones de euros para frenar el crecimiento desbocado del déficit y la deuda pública. Las medidas incluyen la congelación de las pensiones, la supresión de dos días festivos y profundos recortes en el gasto social, en lo que Bayrou ha calificado como una "cura de eficiencia para evitar que el país siga el camino de Grecia".
Las medidas, una por una
Como referencia, es importante recalcar que el gasto público en Francia asciende al 57% del PIB, la cifra más alta de toda la Unión Europea. Ante semejante escenario, se han sugerido los siguientes ajustes:
1. Congelación de pensiones y gasto social
La primera gran medida pasa por lo que Bayrou denominó un "año en blanco". En la práctica, supondrá congelar durante 2025 y 2026 todo el gasto social —incluidas pensiones y prestaciones sociales— sin aplicar la subida habitual ligada a la inflación. Este paso permitiría ahorrar unos 5.000 millones de euros.
2. Supresión de dos días festivos
El Gobierno eliminará dos fechas muy simbólicas del calendario: el Lunes de Pascua y el 8 de mayo, Día de la Victoria en Europa. El objetivo es elevar la productividad y ampliar el calendario laboral, dejando a un lado carácter religioso, histórico y cultural de estas fechas.
3. Subidas fiscales encubiertas y retirada de ayudas al sector privado
Otra partida clave para alcanzar el ajuste serán los recortes de distintos beneficios fiscales, amén de la reducción de subvenciones públicas a empresas y organismos estatales. Aunque Bayrou no ha detallado aún las cifras, se anticipa que buena parte del esfuerzo recaerá en revisar ayudas consideradas poco eficientes que dispersan más aún los recursos públicos.
4. Reforma del desempleo
La reforma más conflictiva será la del seguro de desempleo. Bayrou planea endurecer los requisitos para acceder a las prestaciones y reducir su cuantía o duración. La reforma apunta directamente a un pilar esencial del modelo social francés, por lo que se prevé una fuerte contestación sindical y política.
5. Reducción de plantilla pública
Se suprimirán entre 1.000 y 1.500 empleos en la Administración, mediante fusiones y eliminación de departamentos. Bayrou ha asegurado que no habrá bajadas salariales para los funcionarios ni recortes en las pensiones de jubilación. Es un ajuste más simbólico que de calado, puesto que Francia tiene 5,2 millones de trabajadores a sueldo del Estado.
6. Aumento del gasto en Defensa
Pese al ajuste, Francia elevará su presupuesto de Defensa en 3.500 millones de euros en 2026, siguiendo instrucciones expresas del presidente Emmanuel Macron. La tendencia continuará en 2027, con otros 3.000 millones adicionales, en respuesta a nuevas amenazas estratégicas. Todo ello se enmarca en los nuevos objetivos fijados por la OTAN.
La deuda y el déficit en el foco
El plan busca reducir el déficit público hasta el 4,6 % del PIB en 2026. Actualmente, Francia cerró 2024 con un déficit del 5,5 % y se prevé que este indicador rebase el 5 % también en 2025. Como resultado de la acumulación de desequilibrios, la deuda pública alcanzó en 2024 el 110,6 % del PIB, según datos de INSEE, el INE galo, de modo que las obligaciones del Tesoro están muy por encima del límite del 60 % marcado por los tratados europeos. Bayrou alertó en la presentación de su plan de que Francia es "adicta al gasto público" y se enfrenta a un escenario insostenible si no se actúa con contundencia."Somos el país con los gastos sociales más elevados y, sin embargo, los franceses están cada vez más insatisfechos con los servicios públicos", añadió el primer ministro, cuyo objetivo es volver al equilibrio presupuestario en un plazo de cuatro años.
Bayrou, sin apenas apoyo
El anuncio tiene pocas perspectivas de prosperar, puesto que llega en el peor momento político para François Bayrou, quien apenas lleva siete meses en el cargo tras sustituir en diciembre de 2024 a Michel Barnier. Su popularidad ha caído a apenas un 17 %, después de ocho mociones de censura superadas por márgenes cada vez más estrechos. El primer ministro lidia con la insatisfacción generalizada que deja la Administración Macron tras años de muchas promesas y pocos resultados. Se ve perjudicado asimismo por las sombras del escándalo de abusos físicos y sexuales en la escuela católica Bétharram, donde estudiaron sus hijos.
Así, su situación política es de extrema debilidad. El bloque de izquierdas amenaza con una nueva moción de censura (la novena en apenas siete meses) y, por primera vez, Marine Le Pen, líder de la Agrupación Nacional, ha tendido la mano a Jean-Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa, para forjar una moción transversal que uniría a la derecha radical con la extrema izquierda. "Este Gobierno prefiere atacar al pueblo francés, a los trabajadores y a los jubilados, antes que perseguir el despilfarro", ha denunciado Marine Le Pen. Su delfín, Jordan Bardella, ha tachado la eliminación de festivos como "un ataque directo a nuestra historia y a nuestras raíces".
El referenre del comunismo galo, Jean-Luc Mélenchon, ha acusado a Bayrou de "reforzar el absurdo de las políticas de Macron, destruyendo el Estado y los servicios públicos para abrir espacio al mercado y hacer que las masas paguen para perdonar a los muy ricos". Por su parte, Olivier Faure, secretario general de un cada vez más irrelevante Partido Socialista, califica el presupuesto de "violento, brutal e inaceptable".El futuro político de Bayrou pende así de un hilo.
Todo dependerá de si logra reunir apoyos suficientes para aprobar el presupuesto en otoño. Hasta entonces, el primer ministro ha dicho estar abierto a otras propuestas, aunque ha advertido que "el esfuerzo es inevitable si queremos salvar a Francia de la bancarrota".
Comparativa con España
Considerando las circunstancias y el contexto en que ha sido presentado, el plan de Bayrou corre el riesgo de convertirse en otro brindis al sol de los muchos que Francia ha anunciado en la última década. El país lleva años acumulando déficits crónicos y elevando su deuda, pese a sucesivas promesas de disciplina fiscal. En 2010, la deuda pública francesa rondaba el 85 % del PIB y hoy está por encima del 105 % y va camino de cerrar el año en curso más allá del 110 %, según INSEE, mientras wue el déficit público no ha bajado del 3 % del PIB desde 2007, salvo puntualmente en el ejercicio 2018 (2,3 %). De hecho, frente a un déficit del 4,8 % en 2022, 2024 se cerró con un 5,5 %. Cada año, el presidente Macron y sus sucesivos primeros ministros han proclamado planes de austeridad que han acabado diluidos entre nuevas concesiones sociales y gasto público creciente.
Emmanuel Macron ha proyectado hacia Europa la imagen de un reformista liberal, pero los datos desmienten en buena medida ese relato. En el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation, Francia alcanzaba una nota de 63,3 puntos. Desde entonces, apenas ha mejorado hasta los 65,7. Entre tanto, el nivel de gasto público sigue entre los más altos del planeta, y la presión fiscal se mantiene por encima del 45 % del PIB. No ha habido, en términos estructurales, nada de la gran revolución liberal que Macron prometía.
Pese a todo, es justo decir que Francia, al menos, mantiene un debate político intenso y mecanismos de control sobre el Gobierno. Su Parlamento somete al primer ministro a mociones de censura recurrentes y se discuten abiertamente los planes de ajuste, algo que contrasta con el caso español.
España arrastra también un déficit enquistado desde 2018, cuando marcó un 2,5 % del PIB. Desde entonces, ha encadenado cifras abultadas: 11 % en 2020, 6,9 % en 2021, 4,7 % en 2022 y 3,7 % en 2024. Nuestra deuda pública, del 98,3 % del PIB en 2018, se ha disparado, hasta alcanzar el 108,1 % en 2024, casi calcando los niveles que preocupan a los franceses. Sin embargo, el Gobierno español sigue elevando el gasto estructural y multiplicando compromisos futuros, sin un plan serio de consolidación fiscal ni debate parlamentario de fondo sobre el ajuste necesario.
Mientras en Francia vemos que Bayrou reconoce al menos la necesidad de recortes y se somete a la presión de la oposición en el parlamento, en España apenas se habla de la sostenibilidad de las finanzas públicas y el gobierno no rinde cuentas. Ni la congelación de gasto, ni la reducción de plantilla pública, ni la eliminación de subsidios ineficientes son parte de la conversación. Aquí, el gasto sigue creciendo, y los Presupuestos Generales del Estado se han convertido en sucesivos catálogos de promesas sociales y nuevas transferencias, mientras la deuda y el déficit siguen enquistados. Aunque Francia viva su propia tormenta política y social, al menos exhibe un grado de autocrítica y de control parlamentario que hoy por hoy brilla por su ausencia en España.