El Ministerio de Sanidad sigue adelante con su plan para imponer nuevas restricciones al tabaco y a los productos de nicotina mediante decreto, pero cada vez son más las voces que advierten de que la Comisión Europea podría intervenir. La ministra Mónica García ha insinuado en varias ocasiones que el texto podría evolucionar hacia una ley, y su planteamiento no es casualidad, puesto que la dirigente comunista ha sido informada de que tramitar una norma de este calado mediante decreto podría vulnerar el derecho comunitario si no pasa por el Parlamento y se aprueba directamente por vía ejecutiva.
En efecto, Bruselas puede abrir un procedimiento de infracción contra España si considera que el decreto vulnera la normativa comunitaria o afecta a las libertades del mercado interior. Un proceso de este tipo comienza con una carta de emplazamiento, sigue con un siguiente paso conocido como dictamen motivado y puede culminar en una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE, en caso de que no se retire la propuesta en cuestión.
Desde que salió a la luz, el proyecto de Mónica García está sometido a un intenso escrutinio a nivel europeo. La ministra notificó hace algunos meses a Bruselas que pretendía aprobar un nuevo Real Decreto que reforma el RD 579/2017. Su planteamiento incluye duras restricciones a los productos de nicotina sin combustión (como los nicotine pouches), así como el envase genérico, la prohibición de aromas en el rapeo o un límite máximo de 0,99 mg en las bolsas de nicotina, muy por debajo de los límites existentes en otros países (la media europea ronda los 6 mg y Dinamarca permite hasta 9 mg).
El texto español ha desencadenado un auténtico pulso en Europa. Ocho Estados miembros, entre ellos Suecia, Rumanía, Hungría, Chequia, Italia y Grecia, han presentado opiniones técnicas contra el decreto a través del procedimiento TRIS (Technical Regulation Information System), un mecanismo que obliga a cualquier país a notificar proyectos de normas técnicas que puedan obstaculizar el mercado interior.
La presentación de "opiniones detalladas" por parte de todos estos países ha bloqueado la entrada en vigor del decreto, extendiendo el periodo de parón administrativo hasta el próximo 28 de julio. Hasta dicha fecha, España no puede aprobar ni aplicar la norma, salvo riesgo para la salud pública probado y urgente.
España y Suecia, choque frontal
Esta pugna revela una grieta profunda en la UE: cómo equilibrar la protección de la salud pública con la libre circulación de mercancías. Suecia es el principal defensor de los productos de nicotina oral como herramienta de reducción de daños, alegando que han contribuido a tener la menor tasa de enfermedades relacionadas con el tabaco en toda la Unión.
Frente a ello, España, Francia y otros socios sostienen que estos productos pueden atraer a jóvenes y exigen prohibiciones o restricciones muy estrictas que chocan con la exitosa experiencia del país escandinavo, el primero donde el tabaco convencional ha caído por debajo de una tasa de prevalencia del 5%.
En medio de toda esta polémica, la Comisión Europea se encuentra en una posición delicada. Bruselas a punto de reabrir la conversación en torno a la Directiva de Productos del Tabaco (TPD) y la Directiva de Impuestos Especiales (TED), dos procedimientos que deben actualizar la regulación de estos nuevos productos.
Como ha explicado Hosuk Lee-Makiyama en un reciente análisis publicado por el prestigioso think tank europeo ECIPE, países como España y Francia buscan imponer restricciones a nivel nacional que podrían no mantenerse tras una futura armonización europea. En este sentido, Suecia y otros socios de la UE se oponen a que futuras directivas impongan prohibiciones generalizadas y abogan por un modelo de regulación abierto a los productos alternativos al tabaco convencional, desde la base de que estos productos contribuyen a reducir el daño entre los consumidores.
Un atajo regulatorio… que podría salirle caro a Mónica García
El caso español pone sobre la mesa un debate más amplio sobre el uso excesivo del decreto-ley durante el Gobierno de Pedro Sánchez. Bajo mandato de Sánchez, más del 30% de las normas con rango de ley se han aprobado por decreto, sin debate parlamentario, según datos de la Fundación Hay Derecho. Asimismo, la CEOE lleva años advirtiendo en sus informes sobre Producción Normativa que esta práctica degrada la seguridad jurídica y disuade la inversión. Y la propia Comisión Europea alertó en mayo de 2023 del deterioro institucional en España, subrayando el uso excesivo del decreto-ley y sus efectos en la estabilidad normativa.
Si finalmente el Ministerio de Sanidad se ve obligado a tramitar su norma antitabaco como una ley, el Congreso recuperaría su papel como sede del debate político. Sería un paso saludable, no solo para la democracia parlamentaria, sino también para la calidad regulatoria de una economía europea como la española. Pero eso es precisamente lo que Mónica García ha querido evitar hasta ahora. Como tantas veces antes, el atajo del "decretazo" sirve para imponer una agenda ideológica sin transparencia, sin control parlamentario y sin evaluar las consecuencias reales sobre empresas, consumidores o libertad individual.
Lo que está en juego ahora no es solo la política antitabaco, sino también el equilibrio institucional de la UE. Una intervención de Bruselas, ya sea a través del TRIS o de un procedimiento de infracción, podría obligar a España a rectificar. Y todo apunta a que el próximo 28 de julio será clave para saber si Mónica García podrá seguir adelante con su plan o tendrá que reescribirlo… esta vez, con Europa vigilando cada coma.