El Gobierno de Javier Milei, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ha dado de baja o suspendido más de 80.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral en Argentina. La medida se encuadra en una auditoría iniciada en enero pasado, aplicada sobre un universo de más de un millón de jubilados no contributivos, de los cuales el 60 % no se presentó a la revisión médica obligatoria.
La revisión se inició en enero de este año y afecta a beneficiarios cuyas condiciones no se ajustaban a los criterios exigidos para recibir este tipo de ayuda del Estado. En total, el recorte representa un ahorro fiscal de aproximadamente 23.000 millones de pesos argentinos (unos 21 millones de euros al cambio actual), según los datos que ha publicado Infobae. La cifra resulta de multiplicar los montos mensuales cancelados por la cantidad de pensiones suspendidas o dadas de baja.
Solo el 7% cumplía con los requisitos
Las autoridades de la ANDIS han expuesto que "la importancia de estas auditorías es un paso necesario para redirigir los recursos hacia las personas con discapacidad y sus familias, asegurando que aquellos que realmente requieren apoyo reciban la asistencia adecuada".
Según ha revelado Infobae, la auditoría detectó irregularidades graves: desde certificados médicos falsos por supuestas amputaciones, hasta una misma radiografía usada en 150 expedientes. También se identificaron diagnósticos por dolencias menores como pie plano, casos de personas disfrazadas para suplantar a otros, detenidos que asistieron a evaluaciones médicas e incluso beneficiarios fallecidos que seguían cobrando la pensión.
De las 80.080 bajas en total, 65.230 se derivaron de suspensiones por falta de presentación, 8.207 se registraron como renuncias voluntarias y 6.643 se atribuían a fallecimientos, según valoró la ANDIS. El proceso seguirá, con la posibilidad de alcanzar más bajas en los próximos meses.