Pedro Sánchez, ERC y la Generalidad de Salvador Illa siguen adelante con su plan de creación de una hacienda catalana independiente. Como le llaman ellos, "singular". Pues bien, la Asociación de Inspectores de Hacienda ha advertido ya de que esta medida, al margen de otras muchas consecuencias, supondrá un fraccionamiento en la lucha contra el fraude fiscal en la comunidad autónoma de Cataluña. Por ello, los inspectores no dudan en afirmar que esa medida se traducirá en un incremento del fraude fiscal.
Son muchos los problemas que puede generar esa hacienda independiente e independentista. "Se afectará al sistema de información tributaria; habrá una mayor dificultad para analizar los riesgos fiscales; se perderá el concepto de caja única; empeorará el control y gestión sobre retenciones y pagos fraccionados; habrá mayor dificultad para la comprobación de los grandes patrimonios; los grupos consolidados y de empresas multinacionales quedarán más descontrolados; se producirán deslocalizaciones de empresas…", señala una fuente de la Inspección. Y es que la totalidad de las grandes operaciones de fraude cuentan con una estructura superior a la de una región. Y, a partir, de ahora, para controlar a ese contribuyente, las comprobaciones deberán saltar de una hacienda a otra y contar con una colaboración que no esta garantizada.
No es ninguna utopía. "Ya se ha vivido en el País Vasco", cuenta un antiguo cargo responsable de las haciendas territoriales en los Gobiernos nacionales en época del PP. "Y ahora se puede multiplicar claramente con Cataluña porque su volumen de actividad económica es muy superior a la del País Vasco".
La implantación del cupo catalán
Otro inspector no duda en señalar que "la clase política puede estar pensando en evadir responsabilidades y en lograr una mayor cuota de impunidad… no olvidemos que el caso Palau de la Música ó el del tres per cent fue denunciado por la AEAT. ¿Habría seguido la misma suerte si hubiese tenido que denunciarlo una agencia tributaria catalana?", apunta. "La ruptura de la AEAT no es un daño colateral sino un instrumento a medio plazo para fracturar el propio estado comprometiendo si viabilidad", concluye.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), de hecho, lleva tiempo alertando de que la Generalidad Catalana ha puesto en marcha su plan para la implantación del cupo catalán, un sistema que acaba con sus aportaciones al sistema de solidaridad, sin respetar la legalidad. Lo que implica que tampoco tendría nada de extraño que estén pensando en generar huecos de control político en el cobro o no de los impuestos. Los inspectores han reiterado siempre su enorme preocupación por la gravedad del impacto pero en el pasado mes de febrero señalaron, además, que la Generalidad había empezado a implantar el sistema sin el más mínimo respaldo legal.
Los inspectores de Hacienda denunciaron que la Generalidad Catalana había comunicado ya por aquellas fechas un "incremento de personal que iba acompañado de un amplio despliegue territorial: 36 oficinas en toda Cataluña, cuatro de las cuales estaban ubicadas en las capitales de provincia y contaban con varios mostradores de cita previa". En total, "se pasaba de los 35 mostradores disponibles en la campaña del año pasado a 87 en la actual, más del doble (+148%)", añaden. La Generalidad no dudaba en explicar ya en febrero que "el año que viene tendremos que gestionar la campaña de la renta solos desde la ATC, y lo que hacemos este año es un primer paso en esa dirección".Traducido: Cataluña tiene claro que va a implantar su plan de desarrollo con o sin respaldo legal.