Ecuador atraviesa un momento delicado, a raíz de la crisis de seguridad que atraviesa desde que las redes del narcotráfico dejaron de gozar de la protección institucional que le brindaba el socialismo bolivariano. Tras la fallida presidencia de Guillermo Lasso, cuya agenda de liberalización fue bloqueada por una Asamblea de mayoría izquierdista, el actual mandatario del país andino, Daniel Noboa, parece haberse comprometido con una serie de reformas que toman como referencia el ejemplo de Javier Milei en Argentina e introducen importantes ajustes en unas estructuras de gasto público a todas luces desproporcionadas.
Así, en su mayor movimiento económico desde que asumió el poder en noviembre de 2023 y lo revalidó en abril de 2025, Noboa ha anunciado una profunda reestructuración de la estructura del Estado. El Ejecutivo pasará de contar con 20 ministerios a tan solo 14, mientras que las secretarías que complementan las áreas de gobierno en funcionamiento se reducirán de 9 a 3. Además, se concretará el despido de 5.000 funcionarios y empleados públicos pertenecientes a diversas instituciones.
La portavoz del gobierno, Carolina Jaramillo, ha justificado la necesidad de acometer este recorte señalando que "los despidos de empleados públicos tienen objetivos que están basados en criterios de eficiencia". Según Jaramillo, el propósito no es otro que "tener un Estado más eficiente, que brinde servicios públicos de mayor calidad a un menor coste para los contribuyentes".
Estos ajustes se enmarcan en el compromiso del gobierno de Noboa de reducir el déficit fiscal y cumplir con las metas del programa crediticio firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar la quiebra de Ecuador. Dicho compromiso fue renovado en 2024 y contempla un paquete de financiación de la deuda valorado en 5.000 millones de dólares. Noboa se comprometió entonces a "frenar el crecimiento del gasto público y mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas".
El negro legado del correísmo
La magnitud del ajuste contrasta con el desbordante tamaño del Estado heredado de la década de gestión del socialista bolivariano Rafael Correa (2007–2017), hoy exiliado en Bélgica y perseguido por la justicia ecuatoriana por un reguero de escándalos de corrupción. Durante su periodo de mando, el gasto público creció exponencialmente: se duplicó en términos reales y pasó de representar alrededor del 21 % del PIB en 2006 a más del 40 % del PIB en 2014.
Tal desarrollo vino acompañado de un fuerte endeudamiento. En términos nominales, la deuda pública total pasó de unos 13.000 millones de dólares en 2006 a más de 65.000 millones en 2017, si se contabilizan tanto las emisiones de bonos como los compromisos adquiridos mediante preventas de crudo a países como China. Así, Ecuador no solamente hipotecó su futuro en clave financiera, sino que también vendió por adelantado millones de barriles de petróleo a cambio de crédito rápido.
Tal expansión del gasto y la deuda dejó al país en una situación crítica cuando se desplomaron los precios del petróleo y la economía se desaceleró. Desde entonces, distintos gobiernos han intentado frenar la inercia estatista, pero con poco margen de maniobra política debido a la elevada fragmentación política de la Asamblea. La situación ha mejorado tras las elecciones legislativas del pasado mes de febrero, cuando el partido de Noboa, ADN, se hizo con 63 de los 151 escaños de la cámara parlamentaria, frente a los 12 que tenía su predecesor en el cargo, Guillermo Lasso.
Con todo, en los cuatro próximos años, Noboa deberá buscar respaldos parlamentarios adicionales para sacar adelante nuevas reformas en un país que sigue estando muy endeudado. No hay que olvidar que, entre 2009 y 2019, las obligaciones del Tesoro subieron del 19,7% al 61,8% del PIB. Noboa llegó al cargo en 2023 y, en sus dos primeros años de gestión, los pasivos estatales han frenado su aumento y se han reducido hasta el 55%, si bien estos niveles siguen siendo muy elevados.