Después de intervenir el mercado de la vivienda, lo que ha derivado en una reducción drástica de la oferta y la consiguiente escalada de los precios, Sumar pretende hacer lo mismo con las tierras de cultivo. La intención de la formación de Yolanda Díaz, que en las pasadas elecciones generales apenas obtuvo votos en las áreas rurales, es crear un banco de tierras agrarias estatal "para ponerlas a disposición de jóvenes, cooperativas o pequeños agricultores" y desplegar una batería de medidas para "limitar el acaparamiento de tierras".
Sumar pretende hacer frente al modelo de agricultura "intensiva, deslocalizada, kilómetrica, y basada en transgénicos y semillas patentadas". Para ello, los diputados de IU integrados en Sumar, Toni Valero y Enrique Santiago, plantean el desarrollo de un banco público en coordinación con los bancos de tierras autonómicos y municipales existentes que sirva para generar empleo a través de diferentes prácticas como la apicultura, la silvicultura o la ganadería de producción ecológica donde están prohibidos los transgénicos.
Precisamente en este momento las principales asociaciones agrícolas denuncian la dificultad que tienen los productores para encontrar mano de obra de cara a la recolección mientras, de forma paralela, los registros de las Administraciones muestran que hay personas percibiendo el subsidio agrario. Así que, lo que falta son trabajadores y rentabilidad, no tierras de cultivo.
A pesar de ello, Sumar insta al Gobierno del que forma parte a elaborar un censo de tierras de titularidad estatal con potencial agrario que pueden ser incluidas en el citado banco público de tierras, garantizando previamente su viabilidad técnica, administrativa y económica.
Asimismo, se plantea afinar los criterios técnicos para considerar un terreno "apto" para ser incluido en el citado banco público de tierras, ya que muchas superficies públicas cumplen actualmente funciones ambientales, forestales o ganaderas que también generan valor económico y social.
Censo de tierras "subexplotadas"
Sumar sugiere en su propuesta que también se elabore un censo de tierras "abandonadas o subexplotadas" (según el criterio del Gobierno) e iniciar la negociación correspondiente con sus propietarios para su inclusión en el banco público de tierras.
Sumar olvida que los agricultores arriesgan su propio dinero y hay temporadas en las que se prevé una baja rentabilidad y, por lo tanto, no tiene sentido sembrar. Además, la ley de la cadena impide vender a pérdidas, lo que dificulta en estos casos encontrar compradores para minimizar las pérdidas. Es decir, la decisión de cultivar o no una tierra no debería determinarla el Estado, sino el propio agricultor en base a la rentabilidad que espera obtener.
Informe sobre los fondos de inversión
Sumar también quiere que el Ejecutivo elabore en el plazo de seis meses un informe sobre "el impacto en el sector de la compra masiva de tierras agrícolas por parte de fondos de inversión".
Sumar quiere que en la elaboración de ese informe participen las organizaciones agrarias y se analicen los efectos de estas compras sobre la despoblación, la subida de precios, los cambios de usos del suelo, el impacto ambiental, la soberanía alimentaria o el desplazamiento de pequeñas explotaciones.
Pero el objetivo final, señala Sumar, será adoptar "todas las medidas necesarias para limitar el acaparamiento de tierras". De este modo, el grupo de Yolanda Díaz pretende "establecer topes en la extensión, regular el derecho de tanteo y retracto por parte de las administraciones públicas y medidas fiscales disuasorias".