Los autónomos, además de tener que enfrentarse a una alta carga fiscal y burocrática -ejercida por el ministerio de Hacienda de María Jesús Montero-, están sufriendo un grave problema con los pagos del alquiler de sus negocios. Según datos del Observatorio del Trabajo Autónomo impulsado por la organización de autónomos Uatae, el 43% de los trabajadores autónomos destina entre un 25% y un 50% de sus ingresos netos mensuales al pago del alquiler de su local de trabajo, Para esta asociación, resulta "alarmante" que miles de autónomos se vean obligados a mantener su actividad "bajo una presión económica constante, sin apenas margen para invertir, ahorrar o crecer".
"En la mayoría de los casos, estos pagos no son opcionales. Quien no puede asumirlos, simplemente tiene que cerrar", detalla María José Landaburu, secretaria general de Uatae. Landaburu ha advertido además de que esta situación es estructural, no coyuntural. "Llevamos años alertando de que el encarecimiento del alquiler, sobre todo en zonas urbanas tensionadas, se ha convertido en una de las principales amenazas para el trabajo autónomo y el comercio de proximidad", expone.
Además, Uatae avisa de que la competencia "desleal" generada por los fondos de inversión y las grandes cadenas comerciales ha disparado el precio de los locales, "destruyendo a pequeños comercios tradicionales y vaciando de identidad los barrios y las ciudades".
"No se puede sostener una actividad económica si entre una cuarta parte y la mitad de tus ingresos se van directamente al alquiler", remarca Landaburu. "Si un comercio cierra porque su alquiler se ha triplicado, eso no es crecimiento, es expulsión", ha zanjado.
De forma paralela, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha cargado contra la presión fiscal "cada vez más asfixiante y desproporcionada" que ejerce la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AET) sobre los trabajadores por cuenta propia y pequeñas sociedades. Conviene recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a dar un golpe a los autónomos subiendo la cuota a 800.000 trabajadores. Por el saqueo fiscal del Ejecutivo y por el incremento desorbitado del alquiler de los negocios, muchos trabajadores por cuenta ajena se ven obligados a tirar la toalla y cerrar.