El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido anular un contrato público valorado en aproximadamente 10 millones de euros que estaba previsto otorgar a Telefónica para suministrar equipos de Huawei destinados a la RedIRIS. Según María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, esta cancelación responde a razones de estrategia y soberanía, tanto a nivel español como europeo.
Todo esto hay que enmarcarlo en las distintas polémicas que giran en torno a la empresa china desde hace tiempo, siendo por un lado la conexión que hay con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y otra la presión ejercida por Estados Unidos a España por este contrato, quien amenazaba con imponer sanciones a nuestro país, tal y como ya hemos contado en Libre Mercado. Algo que sin duda ha afectado al desenlace que ahora conocemos.
El contrato, cuya licitación se anunció el 24 de julio y que el 25 de agosto había propuesto a Telefónica como adjudicataria, buscaba modernizar la RedIRIS, aumentando su capacidad de transmisión de datos de 100 Gbps a 400 Gbps. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Transformación Digital informaron a Europa Press que se ha optado por cancelar el proceso. El plan ahora es lanzar una nueva licitación para renovar un tercio del equipamiento de esta red, ya que los dispositivos actuales están llegando al final de su vida útil.
La RedIRIS, una red de fibra óptica de alta velocidad que conecta cerca de 500 centros académicos y científicos, incluyendo algunos vinculados al Ministerio de Defensa, y que sirve a unos 5 millones de usuarios, depende actualmente de tecnología de Huawei para gestionar el tráfico de datos a través de routers, switches y otros dispositivos IP.
El Ejecutivo planea reformular la licitación sin confirmar si Huawei seguirá siendo el proveedor. González Veracruz evitó pronunciarse sobre la posible exclusión de la empresa china, indicando que los detalles se conocerán una vez se publiquen los pliegos de la nueva licitación.
Posible riesgo para la seguridad
La decisión se enmarca en un entorno de preocupación por la seguridad nacional. En 2023, la Unión Europea señaló que Huawei y ZTE representan riesgos significativos, mientras que Estados Unidos ha impuesto restricciones comerciales a Huawei por motivos similares. En España, el uso de tecnología de Huawei en infraestructuras sensibles, como el almacenamiento de escuchas policiales, ha generado controversia.
Esto ha llevado a reacciones en Estados Unidos, donde legisladores republicanos han solicitado a Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, revisar los acuerdos con España en este ámbito. Por su parte, China ha defendido que los productos de Huawei cumplen con la normativa española y ha instado a Estados Unidos a no interferir, destacando que España no ha clasificado a Huawei como proveedor de riesgo.