El fallo del Tribunal Federal de Australia que obliga a España a pagar casi 500 millones de euros en compensaciones por los recortes a las renovables abre una nueva fase clave en la batalla judicial. Con la condena ya firme, la pregunta es: ¿qué pasará ahora en el país oceánico y hasta qué punto saldrán golpeados los contribuyentes españoles?
La sentencia australiana no es meramente declarativa: al haber reconocido y ejecutado los laudos CIADI, los acreedores están facultados para buscar embargos de bienes de España en territorio australiano. Se ha abierto definitivamente la veda, al igual que ya había pasado en Reino Unido o EEUU.
En la sentencia conocida la pasada semana, el juez Stewart ha dejado claro que no cabe seguir discutiendo sobre la inmunidad soberana, por lo que la vía queda expedita para la ejecución de los laudos y, ante la previsible negativa de España, todo apunta a que se reclamarán nuevos embargos
Posibles activos en el punto de mira
En este escenario, los demandantes pueden solicitar la incautación de:
- Cuentas bancarias que España mantenga en Australia, por ejemplo a través de sus organismos e instituciones.
- Bienes inmuebles registrados a nombre del Estado español, como edificios o propiedades comerciales.
- Contratos y pagos vinculados a empresas públicas españolas, especialmente Navantia, que tiene operaciones en el país y participa en contratos navales varios.
- Activos financieros de organismos públicos, que podrían ser localizados mediante el procedimiento de "discovery" que permiten los propio tribunales australianos (básicamente, una orden de desvelar todos los activos controlados en el país, a fin de que el acreedor pueda reclamar la deuda por esa vía).
El precedente de EEUU y Reino Unido
Este tipo de procedimientos ya está en marcha en otros países. Los inversores afectados han buscado embargar sedes de Instituto Cervantes y de entidades públicas como la Escuela Vicente Cañadas, amén de cuentas de banco o títulos de deuda pública. Australia se suma ahora a ese mapa de riesgo.
El fallo australiano refuerza la posición de los acreedores, que pueden coordinar acciones de embargo en múltiples jurisdicciones. Esto aumenta la presión sobre el Gobierno español, que se enfrenta al dilema de pagar o ver cómo sus activos en el extranjero son congelados y subastados.
Con la inmunidad ya descartada y las defensas desestimadas, España apenas puede recurrir a maniobras dilatorias menores, pero el camino judicial en Australia está prácticamente cerrado. El siguiente capítulo será, previsiblemente, el de los embargos.