En Libre Mercado hemos hablado en varias ocasiones del despilfarro de gasto público que lleva a cabo el Estado (Gobierno, CCAA, etc.) en sus distintas formas, ya sea en subvenciones milmillonarias a distintos organismos, o a través del coste que tuvo el subsidio a la gasolina en 2022, o tras haber incrementado Pedro Sánchez el gasto en asesores un 82% en comparación con Mariano Rajoy.
Pues bien, este despilfarro no sólo se puede atribuir a la ineficiencia del Estado para gestionar los muchos recursos que tiene sino también a que su mala forma de interpretar las leyes les cuesta a los españoles alrededor de 1.000 millones de euros al año. En este artículo te lo contamos.
De acuerdo con un informe de este año de la AIReF, llamado "Opinión sobre Riesgos Fiscales", en la última década ha habido varias sentencias judiciales que han sido desfavorables para los intereses del Estado. El objeto de estas sentencias ha sido en su mayoría sobre figuras tributarias, tales como: Impuesto de Hidrocarburos, Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Impuesto sobre la Renta de los no Residentes (IRNR), Impuesto de Sociedades (IS), canon hidráulico, Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terreros de Naturaleza Urbana (IIVTNU), sanciones relacionadas con la declaración de bienes en el extranjero.
Estas sentencias judiciales se han traducido en un elevado coste de compensaciones e indemnizaciones. Por ejemplo, la sentencia desfavorable sobre el IVMDH (céntimo sanitario) nos ha costado a los españoles 1.671 millones de euros. La AIReF también nos muestra los siguientes cuadros donde se pueden ver tanto las sentencias que ya han sido desfavorables contra el Estado, como aquellas que se estiman que también nos costarán un buen pellizco al bolsillo del contribuyente.
Como se puede ver en el cuadro de la izquierda, la mayoría de las sentencias se han producido bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, siendo algunas de las más costosas la que tienen que ver con el "Efecto retroactivo del canon hidráulico" (coste de 1.737 millones de euros), la que tiene que ver con la "indemnización por clausura del almacén de gas Castor" (1.454 millones de euros) o la que tiene que ver con el "IRPF de prestaciones de maternidad y paternidad" (coste de 1.371 millones de euros). Así pues, entre los años 2014 y 2022 la mala praxis legislativa del Estado ha costado 10.037 millones de euros.
Por otro lado, en cuanto a aquellas sentencias destacadas cuyo impacto sigue en la actualidad, tenemos que el coste de estas sentencias puede llegar a ascender a los 12.515 millones de euros, con sentencias con un coste tan elevado como la que tiene que ver con el "tipo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos", cuya cuantía asciende a 6.500 millones de euros.
Así pues, vemos que no sólo es que entre los años 2014 y 2022 la mala interpretación legal del Estado nos haya costado a los españoles más de 1.100 millones de euros al año, sino que esa cifra puede llegar a quedarse muy corta si se llegan a cumplir las estimaciones que realiza la AIReF.
En definitiva, en este artículo hemos asistido a una forma más de despilfarro por parte del Estado, donde ya no es sólo que se puedan destinar recursos a partidas parcial o totalmente prescindibles, sino que a esto hay que sumarle la incompetencia a la hora de interpretar las leyes. El ciudadano español está completamente desprotegido ante una casta estatal que no tiene ningún incentivo a gestionar bien los recursos pues estos recursos no provienen de hacer las cosas bien o mal, sino de los impuestos que todos los años le son cobrados a los españoles.