En Libre Mercado hemos hablado en más de una ocasión, siendo la más reciente esta, del problema que existe en España con el absentismo laboral y especialmente en la Administración Pública. Y es precisamente esto último lo que ha llevado al Ayuntamiento de Fuengirola en Málaga a contratar a detectives privados para vigilar a los funcionarios que estén de baja.
Como se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Sector Público (aquí el enlace), esta propuesta busca vigilar a los funcionarios municipales y es descrita como una medida "excepcional" y "que no se espera su repetición inmediata". Dicha iniciativa buscará investigar y realizar seguimientos sobre, por lo menos, diez empleados que estén en situación de incapacidad temporal.
El absentismo laboral parece ser el culpable de haber acometido esta política, y es que según fuentes municipales esta tasa de absentismo llegó a ser del 10% en algunos departamentos, especialmente en los de servicios operativos y de limpieza. En vista de esta situación, el consistorio, liderado por el PP de la mano de Ana Mula y con una plantilla de en torno a 800 trabajadores, expresa esto en un documento oficial: "El motivo del contrato es el elevado absentismo laboral que presentan determinados servicios municipales, muy por encima de la tasa media del país".
Contrato de 18.148 euros
Este proceso de investigación comienza con la selección de una empresa de detectives a través de un contrato de un año de duración, que tendrá un presupuesto base de 14.999 euros más IVA (18.148 euros en total). La empresa elegida tendrá que vigilar la casa y los lugares más frecuentados por los funcionarios seleccionados durante al menos tres días por persona, aunque dicho plazo se podría ampliar si el departamento de RRHH así lo considera necesario.
Dicho contrato señala que "la finalidad no es otra que comprobar y poder demostrar de forma fehaciente si [el trabajador] realiza alguna actividad por cuenta ajena o propia o cualquier otra actividad incompatible con la situación de incapacidad temporal o limitación de aptitud (deambulación, carga de pesos, movimiento de extremidades o tronco, conducción de vehículos, etcétera)".
Los informes que se obtengan durante el proceso deberán llevar una investigación previa sobre los empleados, recopilando toda aquella información disponible sobre domicilios, teléfonos, lugares de trabajo u otras incidencias detectadas en páginas oficiales o redes sociales. Además, los seguimientos deberán basarse en hechos evidentes: "Nunca serán suficientes hechos que lo presupongan sin un nexo claro y directo con los hechos que se pretenden probar".
El Ayuntamiento de Fuengirola justifica también esta medida apelando que busca hacer un correcto uso de los recursos públicos: "Para el equipo de Gobierno es importante garantizar a los vecinos de Fuengirola que haya un uso eficiente de los recursos públicos y que no exista un mal uso del dinero público".
Precedentes en la Administración Pública
Aunque este hecho de contratar a detectives privados para investigar bajas sea llamativo, la realidad es que no es la primera vez que ocurre y menos en la Administración Pública. De hecho, en 2024 el Ayuntamiento de Alcorcón ya contrató a detectives privados para investigar las bajas prolongadas de sus empleados, destinando 16.940 euros a esta iniciativa.
Sin ir más lejos, en este mismo año la empresa pública de Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), que gestiona las ITV y que cuenta con unos 2.000 empleados en Andalucía, ha recurrido también a estos servicios con un presupuesto de más de 200.000 euros para investigar las bajas laborales de sus trabajadores.
En el año 2022 la empresa municipal de autobuses Aucorsa contrató a una empresa de detectives privados para vigilar a un conductor que se encontraba de baja laboral por incapacidad temporal.
Así pues, y ante el crecimiento cada vez mayor del absentismo laboral en España (especialmente el relacionado con la incapacidad temporal), vemos que son cada vez más las entidades, en este caso públicas, las que se deciden a contratar detectives privados con el fin de ratificar que no se esté incurriendo en ningún fraude.