En 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió cerrar todas las centrales nucleares de España. Se vendió como una gran victoria ideológica, un paso histórico hacia un futuro verde y desde la ignorancia de quienes creen que la ideología puede imponerse a la realidad. Al final, los ciudadanos acabamos pagando la factura de su propaganda.
Cinco años después, el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. España ha sufrido apagones, subidas históricas en el precio de la luz y una dependencia energética alarmante. Ya sabemos los motivos, se apostó todo a unas renovables aún intermitentes, sin respaldo suficiente, y se cerró lo que funcionaba: la energía nuclear, limpia, segura y estable.
La energía nuclear es el presente y el futuro. En España, evita cada año 22 millones de toneladas de CO₂, reduciendo drásticamente nuestra huella de carbono. Mientras tanto, Francia produce el 70% de su electricidad con energía nuclear, lo que le permite mantener uno de los precios más estables de Europa. Por el contrario, países como Alemania, que cerraron sus nucleares en 2023 han visto cómo sus emisiones se disparaban un 10% al tener que volver al carbón y al gas, demostrando que es un tremendo error prescindir de esta energía.
Ahora el Gobierno empieza a rectificar, no por convicción sino porque las grandes eléctricas han dicho que si siguen cerrando centrales nucleares habrá cortes de suministro y precios desorbitados. Y, aun así, rectifican a medias porque el poder de Sánchez ya no está en La Moncloa, está en los pasillos del Congreso, donde siete votos deciden la política, también la energética, de toda España. Siete votos que imponen un "no" a las nucleares, aunque eso implique más emisiones, más pobreza energética y menos futuro.
Mientras tanto, Madrid vive otra realidad: lidera la atracción de inversión tecnológica, es la sede del mayor número de centros de datos del país y está preparada para ser el motor de la transformación digital de Europa. Para eso, se necesita energía abundante, competitiva y fiable.
Sin embargo, el Gobierno central prepara un real decreto que pone en riesgo 22.000 millones de euros en inversión y más de 36.000 empleos. No han hablado con nadie del sector y pretender imponer requisitos burocráticos que ni siquiera Europa exige. Para colmo, desde el propio Gobierno atacan al sector y se atreven a llamar "burbuja" a una industria que está creando oportunidades reales, aquí y ahora, especialmente en la Comunidad de Madrid. Su única fijación es ahogar a esta región, frenar al que crece para no molestar al que frena.
La Comunidad de Madrid defiende un modelo energético que combine todas las tecnologías, que garantice suministro estable, precios razonables y competitividad industrial. No hay soluciones mágicas, pero tampoco se deben imponer dogmas ideológicos. La apuesta debe ser por la innovación, la sostenibilidad, el empleo y la libertad.
Mientras otros gobiernan pensando en siete votos, en la Comunidad de Madrid hay un Gobierno pensando en siete millones de madrileños. Detrás de cada megavatio hay empresas, familias, talento y futuro. Y por ese futuro hay que luchar.
Andrés Navarro es diputado del PP en la Asamblea de Madrid.