Aplicar las medidas punitivas contempladas en la ley de vivienda, perseguir a los infractores y contener las rentas son algunas de las misiones que tendrá el nuevo cuerpo de funcionarios creado por la Generalidad catalana, el de inspectores de vivienda. Serán cien funcionarios, tendrán una dotación de 5,9 millones de euros y eran una de las condiciones impuestas por los "Comunes" (la versión catalana de Sumar) para sentarse a negociar los presupuestos autonómicos.
Según la nota emitida por el gobierno autonómico socialista, "el consejo ejecutivo ha autorizado la ampliación de la plantilla de la consejería de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica con cien dotaciones (sic) de inspector/a de vivienda, con un importe presupuestario de 5,9 millones de euros, para la ejecución de las funciones asignadas para gestionar las medidas que contiene la declaración de zona de mercado tensionado, como de la Agencia Catalana de Consumo de la consejería de Empresa y Trabajo, con la incorporación de 19 puestos de trabajo para la ejecución de funciones y servicios en materia de protección de las personas consumidoras y usuarias en el ámbito de la vivienda en Cataluña".
Policía inmobiliaria
La creación de esta especie de policía del mercado inmobiliario es fruto de un acuerdo con los "Comuns" imprescindible si el Govern de Illa aspira a afrontar su segundo año con unos presupuestos no prorrogados. Los cien inspectores ya se pusieron sobre la mesa por parte del partido de Colau cuando negociaron con el ejecutivo dos de las ampliaciones de crédito suscritas en la prórroga presupuestaria.
Tras el acuerdo, la Generalidad ha indicado que "la nueva normativa en materia de régimen sancionador representa un aumento significativo de las tareas de inspección y también de instrucción de los expedientes sancionadores que se puedan incoar. Para poder hacer frente a estas tareas que suponen el ejercicio de potestades públicas y que, por tanto, deben ser ejercidas por personal funcionario, es imprescindible disponer de una ampliación del personal de la Agencia de la Vivienda de Cataluña".
Cincuenta de estos inspectores estarán asignados a la provincia de Barcelona. En la de Gerona, habrá 13; en Tarragona, 12; en Lérida, 5, igual que en las comarcas del Valle de Arán, el alto Pirineo, la Cataluña central, el Penedés y las denominadas Tierras del Ebro.
En la presentación del acuerdo, el portavoz de los "Comuns", David Cid, ha puesto más condiciones para la negociación de los presupuestos. Así, la Generalidad deberá crear una unidad en contra de los desahucios, un registro de grandes tenedores y una campaña sobre los derechos de los inquilinos.