El Tribunal de Distrito de Columbia (EEUU) ha dictado una nueva sentencia en contra de España por los recortes retroactivos a las energías renovables. El fallo, fechado el pasado 13 de agosto y divulgado ahora, se refiere al caso Infrared, y condena al país a pagar 28,2 millones de euros más intereses, lo que eleva la factura a unos 35 millones de euros.
La resolución, firmada por el juez John D. Bates, rechaza de forma categórica los argumentos del Gobierno español y confirma la plena validez del laudo emitido en 2019 por el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. En aquel procedimiento, los árbitros dieron la razón al inversor británico Infrared —gestionado actualmente por Blasket Renewable Investment— frente a las medidas retroactivas aprobadas por España entre 2010 y 2013.
Una cascada de derrotas judiciales
El caso Infrared se suma a los fallos adversos que en las últimas semanas han confirmado los tribunales estadounidenses en los litigios de Eurus (Grupo Toyota), RREEF y Infrastructure Services (conocido como caso Antin). En conjunto, los cuatro procesos abiertos en Washington elevan a más de 360 millones de euros el riesgo de embargo de bienes soberanos españoles en territorio norteamericano.
Los jueces norteamericanos han respaldado en todos los casos la aplicación del Tratado de la Carta de la Energía y el principio de respeto a los laudos arbitrales internacionales, desmontando las objeciones de España.
España, líder mundial en laudos impagados
Con esta nueva derrota, España acumula ya 26 laudos impagados en materia de renovables, más que cualquier otro país del mundo, superando incluso a Venezuela y Rusia. La negativa a cumplir las sentencias ha provocado una oleada de embargos en distintas jurisdicciones: Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, EEUU o Australia.
Entre los bienes afectados destacan la incautación de los ingresos que Eurocontrol transfiere cada mes a ENAIRE —con un impacto estimado de 80 millones de euros— o el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres, dentro precisamente del caso Infrared.
Una factura que sigue creciendo
El problema, lejos de resolverse, se agrava con el paso del tiempo. En junio, España sí abonó la compensación correspondiente al caso JGC, lo que abrió la puerta a un posible acuerdo con otros inversores. Sin embargo, de no repetirse esa vía, las compañías afectadas advierten de que se intensificarán los procedimientos de embargo, tanto cautelares como definitivos.
En total, las indemnizaciones pendientes superan ya los 1.492 millones de euros, una cifra que se eleva en otros 390 millones al sumar intereses y sobrecostes procesales. El riesgo de que continúe la confiscación de bienes públicos en el extranjero se mantiene plenamente abierto.
Hace escasas semanas, la justicia Australia reconoció una serie de laudos contra España que acumulan obligaciones de pago por valor de 469 millones. En el caso de EEUU, los casos que ya cuentan con plena cobertura judicial ascienden a 360 millones.
Daño reputacional
La cascada de litigios coloca a España en una posición inédita y dañina en los mercados internacionales. La persistente negativa a cumplir con los laudos no solo implica un coste económico, sino que mina la credibilidad del país como destino inversor. Mientras tanto, los tribunales extranjeros siguen acumulando sentencias adversas, ampliando la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez para buscar una solución definitiva a este conflicto.