El juez John D. Bates, del Tribunal de Distrito de Columbia, ha emitido una dura sentencia contra el Reino de España en el caso Infrared, reconociendo y ordenando la ejecución en Estados Unidos de un laudo de más de 35 millones de euros contra nuestro país derivado de la retirada retroactiva de las primas renovables.
La resolución no deja lugar a dudas sobre la contundencia con la que el magistrado rechaza los intentos del Gobierno de Sánchez de frenar el cumplimiento de las condenas por el recorte a las renovables, en un fallo rotundo que cierra las puertas a nuevas maniobras de dilación por parte del Ejecutivo socialista.
"España no puede reabrir en un tribunal federal lo que ya perdió inicialmente ante el Tribunal del CIADI y posteriormente en su Comité de Anulación", advierte el magistrado. Bates apunta que, si bien España ha querido frenar el reconocimiento del laudo en el país norteamericano, "las cuestiones de jurisdicción, una vez plenamente debatidas y decididas, están fuera del alcance de este tribunal".
En este sentido, John D. Bates apunta que "un juez estadounidense no puede revisar ni la jurisdicción del CIADI ni los fundamentos del laudo. Sólo corresponde reconocerlo y ejecutarlo". Una rotunda afirmación que cierra las puertas a la intentona de España de frenar el reconocimiento del laudo.
Pero el magistrado va más allá y apunta también que "el intento de España de separar las obligaciones pecuniarias del laudo de los razonamientos que lo sustentan es algo que, sencillamente, no tiene sentido". De igual modo, apunta que "no existe base alguna ni doctrina en virtud de la cual se pueda afirmar que España puede ignorar un tratado vinculante, como el del CIADI, que obliga a cumplir con los laudos y las decisiones de sus tribunales".
"Aunque España tema verse entre la espada y la pared, entre un fallo estadounidense y el derecho comunitario, ello no autoriza a este tribunal a inventarse excepciones que el Congreso nunca incluyó a la hora de integrar a Estados Unidos en el sistema de arbitraje internacional.
El juez recuerda, además, que España ya alegó sin éxito las mismas objeciones que ha planteado en EEUU ante el tribunal arbitral y el Comité de Anulación del CIADI, y que ambas instancias "las rechazaron en plena conformidad con las normas de dicho organismo, al que España está adherido".
La conclusión del juez Bates es inequívoca:
"España ha tenido ya su oportunidad de ser escuchada. El laudo es firme y vinculante, y este tribunal debe otorgarle plena fe y crédito".
Frentes judiciales abiertos
Con esta sentencia, Estados Unidos abre la puerta a embargar activos comerciales del Estado español en territorio norteamericano para satisfacer la deuda de los acreedores, mientras que España sigue acumulando derrotas ante los tribunales internacionales por los recortes a las renovables. Los casos que ya gozan de plena cobertura ante los tribunales del país estadounidense suponen 360 millones de euros, cantidad que puede ser embargada en bienes del Reino si prosiguen los impagos.
En paralelo, la justicia australiana dictaminó el pasado mes de agosto que otros cuatro laudos a favor de los inversores —RREEF, 9REN, Watkins y NextEra— deben ser reconocidos y ejecutados contra España, por un valor conjunto de unos 469 millones de euros, que, sumando intereses y costas, podría elevarse a 500 millones de euros.
A estas derrotas se suman los episodios de embargo de activos españoles en el extranjero. En el Reino Unido, la justicia amenaza con declarar en default ciertos bonos soberanos valorados en 1.000 millones. Asimismo, los magistrados británicos han autorizado el embargo cautelar de cuentas bancarias, edificios institucionales e incluso la sede del Instituto Cervantes o la Escuela Internacional Vicente Cañadas.
En paralelo, los tribunales de Bélgica autorizaron tanto en 2024 como en 2025 la retención de los pagos que Eurocontrol debe transferir mensualmente a Enaire, el gestor español de navegación aérea, para destinar dichas transferencias al cumplimiento de los laudos pendientes contra España.