En el día de ayer, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, hacía público que convocará la primera cumbre europea de vivienda y que, en este marco, propondrá tres medidas para hacer frente a la crisis que afronta la UE en esta materia. Así, aseguraba que desde Bruselas lanzarán un plan para la vivienda asequible, detallando que a la hora de elaborar este plan se tendrá en cuenta la realidad local de cada lugar. De hecho, señalaba que es necesario revisar la forma en que se ha abordado esta cuestión hasta el momento. Así, lamentaba la situación que vive el mercado de la vivienda en la actualidad.
En nuestro país, con un Gobierno empeñado en regular aún más este sector, los precios de la vivienda no dejan de crecer. Evidentemente, este problema afecta directamente al bienestar de los ciudadanos. Como hemos publicado en Libre Mercado, de acuerdo con los datos ofrecidos por Fotocasa e InfoJobs, si en el año 2019 los españoles destinaban el 38% del salario bruto al pago del alquiler, en 2024 esta proporción alcanzó el 47%. Así las cosas, lo cierto es que este problema se ha agravado sobre todo bajo el mandato de Pedro Sánchez: con el líder socialista en Moncloa, este porcentaje se ha disparado casi al 50%, aumentando a mayor ritmo que con el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Por tanto, vemos que la intervención no es la solución. Pese a quien le pese, el precio de los bienes –también el de la vivienda– viene determinado por la ley de la oferta y la demanda. De este modo, un aumento de los precios como consecuencia del crecimiento de la demanda incentiva a nuevos oferentes a entrar en un mercado determinado. Así, el precio baja. Sin embargo, este mecanismo no puede funcionar si el Estado interviene en la economía e impide que la información de mercado se transmita entre los agentes económicos.
Precisamente, en el mercado de la vivienda, el control gubernamental sobre el suelo supone un primer obstáculo para el funcionamiento del mercado. Pero es que, además, la protección del Gobierno a okupas e inquiokupas es otro factor que desmotiva a los propietarios de vivienda. Todo ello sumado, naturalmente, a la presión fiscal que soporta el sector inmobiliario. Con lo cual, señalar a los fondos de inversión no garantiza una salida para este mercado. Tampoco lo es denunciar la actividad de los alquileres turísticos, porque menos del 1% de los inmuebles se dedica al alquiler vacacional.