Hace más de dos años que el Gobierno comenzó su cruzada contra los pisos turísticos a los que considera culpables de la falta de oferta de vivienda bajo la premisa de que "un piso de alquiler ilegal es una familia expulsada de un barrio", aseguró, de nuevo el lunes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez en una entrevista televisiva. En la cual defendió el anuncio que el día anterior había hecho el presidente del Gobierno desde Málaga para exigir a las plataformas de alquileres vacacionales que eliminaran más de 53.786 anuncios de viviendas que el Ejecutivo considera ilegales.
Y es que desde el 1 de julio es obligatorio que las viviendas que se anuncian en internet como alquileres turísticos o temporales estén inscritos en el nuevo registro estatal de arrendamientos de corta duración. Esto significa que sus propietarios deben justificar que su vivienda cumple con una serie de requisitos, que van desde que su comunidad de vecinos lo permite, hasta el cumplimiento de la normativa local, autonómica y estatal. Con todo ello, obtienen un número de identificación que es lo que les permite anunciarse en las plataformas tipo Airbnb. Esta es la teoría.
Sin embargo, con este Real Decreto, el 1312/2024 que regula el Registro Único el Gobierno ha detectado casi 53.800 casas que no cumplen con su ley. La mayoría de estos pisos se encuentran en Andalucía (16.740), seguida de Cataluña (7.729), Comunidad Valenciana (7.499), Galicia (2.640), Baleares (2.373) y Madrid (1.531).
Andalucía junto a otras comunidades autónomas, ha impugnado el Real Decreto al considerar que el Gobierno se extralimita en sus competencias. Según la patronal andaluza de viviendas turísticas (AVVA PRO) la orden gubernamental supone "un ataque directo a la seguridad jurídica, a la economía andaluza y a las competencias autonómicas reconocidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía". Estas 16.700 viviendas turísticas en su autonomía no han perdido la licencia turística autonómica, la mayoría tiene su autorización legal otorgada por la Junta de Andalucía y lleva años operando bajo la normativa autonómica vigente.
Consultores del sector en conversación con LM insisten en que el Real Decreto podría haber sido "una buena herramienta para hacer las cosas bien" pero que la falta de criterios claros de los registradores de la propiedad ha hecho que muchas de estas viviendas no hayan podido obtener el Número de Registro de Alquiler, "pero eso no quiere decir que sean ilegales", insisten. "Intentar convertir este problema técnico y administrativo en una ilegalidad masiva es un intento de manipulación de la opinión pública intolerable", puntualiza la patronal de viviendas turísticas de Andalucía en su comunicado.
Lo peor de todo es que el Gobierno podría estar dándose un tiro en el pie con esta medida ya que el turismo de corta duración sostiene decenas de miles de empleos en provincias como Sevilla, Cádiz, Málaga o Granada, por lo que podría tener un impacto decisivo en la actividad económica, denuncia AVVA PRO. Por no hablar del daño que provocará a ojos de la patronal en la imagen internacional de España como destino turístico. "Es una irresponsabilidad que pagarán trabajadores, familias y empresas andaluzas".
Y advierten de que el anuncio del Gobierno además no beneficiará a los jóvenes para que tengan acceso a alquileres de larga estancia porque casi el 70% de las viviendas turísticas, según el informe de la consultora Kreab con Airbnb y PWC, son segundas residencias o son empleadas por sus propietarios a lo largo del año, que legítimamente las querrán seguir usando de vez en cuando.