Los reactores de Almaraz se apagarán en otoño de 2027 y 2028 si nada cambia y la presión desde la comarca donde se levanta continúa en aumento, con una unanimidad prácticamente total. Este sábado, la plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro presentó el manifiesto Alianza por Almaraz reclamando que la central nuclear, que aporta el 7 por ciento de la electricidad consumida en toda España, no se cierre. El colectivo cosechó apoyos de múltiples asociaciones de empresarios de la comarca y la región, de todos los ayuntamientos de la zona, de colegios de ingenieros, de los sindicatos y contó también con el apoyo del Gobierno extremeño, con la presencia de la presidenta, María Guardiola, y también del PSOE regional, que en abierta contradicción con la enrocada postura del Gobierno de Pedro Sánchez se ha alineado con la exigencia de que siga abierta.
En el encuentro, celebrado en el principal ayuntamiento de la zona de influencia de la central, Navalmoral de la Mata, trabajadores y vecinos reclamaron un encuentro con la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, que sigue sin llegar y que se impulsen negociaciones entre el Gobierno y las empresas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) para alcanzar un pacto que permita que la central opere más años.
Mientras el Ejecutivo sigue sin dar señales de que haya cambios (el último movimiento fue rechazar una propuesta de Endesa e Iberdrola), la industria ha reiterado este lunes cuál es el principal escollo: los impuestos. En un encuentro sobre tecnología nuclear en la Asociación de la Prensa de Madrid, el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha insistido en que "el nivel de tributos" que soporta el sector "es mucho más alto que el de las demás tecnologías". A ello se suma la última subida de la tasa Enresa, lo que pagan por la gestión de los residuos y el futuro desmantelamiento "por razones ajenas a nosotros", en alusión a la renuncia del almacén de residuos de Villar de Cañas. Según ha insistido, suponen 28 euros por cada MW/hora, y "así es imposible seguir", ha señalado sobre la "línea roja" de los propietarios. "El mayor coste que tenemos en las centrales, sin comparación, son los tributos. Entonces llega un momento en que es imposible seguir", ha insistido avisando de que "nos acercamos a un momento en que o bien se cambia, o bien Almaraz parará, con una pena tremenda para nosotros y una pérdida gigantesca para España".
En respuesta al habitual argumento del Gobierno de que el plan de cierre lo pactaron las empresas en 2019, Araluce ha insistido en que ese acuerdo, "auspiciado por el Gobierno de España", se firmó en un momento absolutamente distinto: "Desde el punto de vista energético, se parece a la situación actual como los poblados del Cid con las ciudades actuales". "El mundo ha cambiado, hemos tenido un estrés energético tremendo", ha dicho citando la guerra de Ucrania o la pandemia. "Lo que en 2019 parecía razonable, hoy parece no tan razonable" y las empresas, ha insistido, "dicen que deberían seguir", pero con condiciones.
En su intervención, Araluce ha enfatizado cómo "el único país que tiene centrales en operación y las quiere cerrar es España", recordando el rumbo opuesto de países como Estados Unidos, Canadá o países asiáticos como China o India. Además, también ha citado una de las características claves de la nuclear al referirse al gran apagón: que es "inercial", igual que otras tecnologías tradicionales, como la hidroeléctrica y el gas. Los "cientos de toneladas" de sus turbinas y alternador girando a 1500 revoluciones por minuto contribuyen a mantener "los parámetros de la red eléctrica" amortiguando "las transiciones de frecuencia". "En el momento del apagón había mucha menos potencia inercial", dijo recordando que "gas había poquísimo", en especial en el sur, y que de las nucleares había "tres reactores parados" y uno operando a menos potencia. "Estamos en el momento de la verdad", ha insistido, apuntando a que en pocos meses el cierre puede ser irreversible (desde la central apuntan a marzo de 2026).
Menos empleos y preparativos para cerrar
Entre tanto, la central de Almaraz ha iniciado este lunes la que será, si nada cambia, la penúltima recarga del reactor dos, unos trabajos que han supuesto en esta ocasión "200 trabajadores menos ante la cercana fecha de cierre de la planta" (habitualmente se incorporaban a estas tareas 1200 trabajadores).
"Esta disminución de empleo generado en el entorno de la central irá en aumento cada año, según se vaya acercando la fecha de cese de operación", avisan desde la central. "Frente a los 1200 trabajadores adicionales a los que habitualmente se daba empleo, en esta recarga se incorporarán hasta 200 trabajadores menos del entorno de Campo Arañuelo dada la reducción en actuaciones de mejoras a largo plazo que supone la cercana fecha de cierre".
Desde la central, insisten en el "castigo fiscal" que sufre la central, "que no se da en ningún otro país del mundo" y "hace inviable económicamente su continuidad". También recuerdan que el mes de marzo del año que viene la unidad 1 afrontará su última recarga y que a finales de mes las empresas propietarias presentarán "al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación de licenciamiento de cese de explotación conforme lo requerido a la normativa vigente". Añaden que "su compromiso con la sociedad es producir hasta el último megavatio de forma segura, fiable y eficiente".