La Organización Mundial de la Salud (OMS) pretende aprobar en la próxima COP11 –que se celebrará en Ginebra del 17 al 22 de noviembre– un conjunto de medidas que supondrían un golpe sin precedentes a toda la cadena de valor del tabaco en España y en Europa. La Unión Europea ya habría decidido aceptar en bloque estas propuestas, lo que abre la puerta a su implementación sin debate parlamentario ni consenso con los sectores afectados.
Entre las medidas destacan la reducción del número de estancos y máquinas de vending, la prohibición progresiva de la venta de productos del tabaco, la supresión de las ayudas al cultivo y la prohibición de filtros y aditivos. La Comisión Europea, además, intenta imponer la votación por mayoría cualificada, lo que podría suponer una pérdida de soberanía nacional al marginar los consensos tradicionales y evitar evaluaciones de impacto.
Impacto devastador en España
España sería uno de los países más golpeados por estas decisiones. El tabaco da empleo a más de 53.000 personas, genera 9.000 millones de euros anuales en impuestos y sostiene a más de 20.000 familias agricultoras en Extremadura, donde se concentra el 98% del cultivo nacional. También en Canarias, donde el tabaco ya supera al plátano como principal producto de exportación, las consecuencias serían devastadoras.
La eliminación de las ayudas al cultivo supondría el abandono de explotaciones y un grave problema de despoblación en el medio rural. En paralelo, la reducción de estancos pondría en riesgo los 13.000 puntos de venta que garantizan la trazabilidad, el control de acceso a menores y la recaudación fiscal, favoreciendo al comercio ilícito, que ya alcanza cuotas récord en países vecinos como Francia (37% del consumo total en 2024).
Voces críticas en España
Las principales organizaciones afectadas han mostrado su total rechazo a este nuevo paquete de medidas. Por un lado, el Gremio de Estanqueros de Cataluña: alerta de que los estancos son un servicio público esencial y de proximidad, que además de vender tabaco ofrecen servicios básicos como el pago de recibos o la retirada de efectivo en municipios sin bancos. "Avanzar en salud pública no puede hacerse a costa de destruir empleo y fomentar el mercado negro", advierte su presidente.
Asimismo, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) considera que la eliminación de ayudas al cultivo sería "un golpe devastador" para Extremadura y denuncia que la UE "acepte sin diálogo un discurso prohibicionista que abre la puerta al contrabando". Reclama un debate inclusivo que contemple la lucha contra el tabaquismo sin arruinar a miles de familias.
Mientras tanto, la Asociación Española de Puntos de Reventa (AEPR) subraya que estas medidas dejarían fuera de juego a miles de pequeños negocios que cumplen con la normativa y garantizan legalidad en la venta.
Un enfoque desproporcionado
El paquete de la OMS no solo busca reducir el consumo, sino eliminar toda la cadena de valor del tabaco en Europa, que emplea a más de 2,1 millones de personas y aporta 223.000 millones de euros al PIB comunitario. Un enfoque que, según las organizaciones españolas, es "extremo, prohibicionista y contrario al sentido común", además de incompatible con las recomendaciones del Informe Draghi sobre competitividad europea.
El sector pide al Gobierno español y a las instituciones comunitarias que frenen estas medidas y defiendan un modelo que genera empleo, recauda impuestos y garantiza control legal, frente a un enfoque que, según advierten, solo serviría para fortalecer el mercado ilícito.