A pesar de que Paradores bate récords de beneficio cada año –en 2024, 40 millones, un 42% más respecto al año anterior- sus plantillas sufren los problemas de la precariedad laboral. Los salarios apenas superan los mil euros en los puestos base. Con colectivos como los camareros, los cocineros y las camareras de piso cuyos contratos son de media jornada además de fijos discontinuos "por lo que no les quedan más remedio que marcharse de la empresa para poder hacer frente a los gastos diarios". Es la denuncia que esta semana ha hecho José Manuel García, responsable de CSIF en Paradores.
Pero la desesperación también la han mostrado bomberos forestales, personal del mundo educativo sin plaza fija, del judicial y del sanitario, entre otros, para reclamarle al Ministro Óscar López que acabe con la temporalidad y la precariedad en el sector público. "Temporalidad en la administración pública tiene que haber para cubrir vacantes, bajas medicas, jubilaciones", pero no de esta manera tan desproporcionada, se queja Juan Luis Martín, miembro de la ejecutiva de la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (ANSITI), portavoz de la protesta del martes frente al Congreso de los Diputados.
Denuncia que en su colectivo el nivel de temporalidad asciende al 40% y que en general se trata de falta de programación y de la falta de convocatorias de oposiciones. "Desempeñamos puestos de trabajo en municipios pequeñísimos donde los funcionarios de carrera no quieren ir, en ayuntamientos poco atractivos donde acabamos los interinos dejándonos la piel", denuncia Juan Luis Martín. Quien además recuerda que Bruselas nos ha abierto varios procedimientos de infracción y nos ha retenido fondos europeos precisamente por este asunto.
En este sentido, el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, se supone que lleva meses trabajando en una ley para combatir la temporalidad de los trabajadores del sector de la Educación, la Sanidad y la Justicia principalmente y para evitar una multa millonaria de la Comisión Europea. De hecho el sindicato de funcionarios mayoritario (CSIF) lleva años advirtiéndolo.
Según los datos del propio Ministerio de Función Pública, la tasa de temporalidad pública se ha situado en el 35,54% (en diciembre de 2024). Lo que se traduce en 1.077.716 empleados públicos que viven con la incertidumbre de saber cuándo serán despedidos para luego ser repescados. Una cifra "demoledora" a ojos del presidente de CSIF, Miguel Borra quien en el mes de mayo denunció esta situación por la que Bruselas ya nos ha abierto dos expedientes sancionadores. Y es que el compromiso con la Comisión Europea fue de alcanzar mediante la ley de Estabilización del Sector público de 2021, una tasa del 8%.
Lo más curioso es que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, igual que el secretario de Estado de empleo, Joaquín Pérez Rey, siempre que pueden aseguran que la reforma laboral está acabando con la temporalidad. Se refieren a la del sector privado, porque nunca dan el dato de las administraciones públicas. "Hemos transformado la forma de contratación en nuestro país. Hoy la temporalidad va quedándose atrás", presumió en junio la vicepresidenta segunda del Gobierno.
Díaz, muy dada a convocar comités de expertos, presentó de manera oficial el 30 de abril la comisión de evaluación de la Reforma Laboral con el objetivo de analizar el empleo temporal en España. Y ella misma omitiendo el dato del sector público, sólo quiso hablar del privado. Para mostrarse orgullosa de que en 2024 la "tasa de temporalidad privada ha bajado casi 12 puntos, hasta el 12,4%", dijo. Esta afirmación provocó que la CEOE enviara un comunicado diciendo que el principal "generador de temporalidad en el mercado laboral es el sector público" ya que las empresas están cumpliendo con las limitaciones.
Esas limitaciones viene impuestas por la Reforma laboral de 2021, con la obligatoriedad del cambio de nomenclatura para que los contratos temporales pasaran a llamarse fijos. Y es que según Fedea, los contratos fijos de los que presumen los Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, no garantizan una continuidad laboral efectiva. Lo que se traduce en una precariedad laboral, maquillada.
De ello da cuenta todos los meses el sindicato USO que tras lo últimos datos de paro relativos al mes de septiembre, advirtió de que el número de trabajadores con contrato fijo discontinuo en la inactividad ascendía a 850.000, los cuales no suman a la cuenta del paro registrado dado por el SEPE –igual que tampoco cuentan las personas paradas en ERTE, casi 10.300 en septiembre-. Respecto al noveno mes del año pasado, los contratos fijos discontinuos -considerados por el ejecutivo como contratación indefinida a pesar de que los trabajadores que los han firmado están largos periodos sin poder trabajar-son los que más han aumentado, un 8,17% -frente al 7% de los indefinidos a tiempo parcial y al 6% a tiempo completo-. Por tanto, según USO "se está fraccionando el empleo".
Así mismo esos contratos de los que presume la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz son "contratos cerilla", que se consumen en muy poco tiempo. Lo que explica que a pesar de que se realicen más contratos que nunca, no disminuye el número de parados. La explicación es que se producen más rescisiones de contratos que altas se producen. Es lo que se llama "rotación en el empleo", explica el sindicato USO.