Me apresuro a decir anticipadamente que nunca tendrán suficiente. No importa lo que recauden; cualquiera que sea la cantidad, siempre liquidarán con déficit, ese presupuesto que no presentan, quizá para que nadie se lo recuerde.
Ni siquiera se refugian ya en las muletillas que solían utilizar los administradores incapaces o desleales, tales como "de haberlo sabido…" para desplazar la responsabilidad de un descubierto o insolvencia.
En las líneas que siguen, la única posible administración desleal o incapaz, se referirá en todo caso a las Administraciones Públicas y, más concretamente, a la Administración del Estado, cuyo administrador por excelencia es el Gobierno de la Nación.
Hablaremos en términos nominales, aunque también haremos referencias a su dimensión real. Al fin y a la postre, esa epidemia del déficit presupuestario, aunque no haya nuevos presupuestos, es una magnitud de acepción nominal, como diferencia entre dos magnitudes también nominales: los ingresos públicos del ejercicio económico y los gastos públicos del mismo período. Aunque los efectos económicos de unos y otros no son simplemente nominales.
Nuestro Ministerio de Hacienda, y su titular – la ministra y vicepresidenta primera Excma. Sra. María Jesús Montero – están de fiesta, por la recaudación fiscal, en los primeros ocho meses del año en curso, que ha ascendido a algo más de los 209 mil millones de euros, lo que significa un crecimiento de los ingresos superior al 11,5% de la recaudación hasta agosto del año 2024.
¿Acaso no esperaban un resultado semejante, tras todas las modificaciones normativas de finales de 2024 que acentuaban la recaudación de los impuestos afectados? Añadamos, las medidas ausentes para evitar el efecto perverso de la inflación sobre determinados impuestos – transmisiones, IVA… – y no haber deflactado la tarifa progresiva del IRPF para el año 2025. La propia AIReF suponían que el incremento de ingresos tributarios para 2025, se situaría próximo al 7,0% respecto 2024.
Así las cosas, ¿han analizado los españoles cómo ha quedado su nivel de bienestar – personal o familiar –? ¿Cómo se han deteriorado sus rentas en términos reales, tras el pago de los impuestos? Las quejas son generales en jóvenes y en no tan jóvenes.
Los administradores que gobiernan la nación renunciaron a contemplar que una forma de aumentar el bienestar – podría ser una de sus misiones – no está siempre en aumentar la presión fiscal, sino en disminuir el gasto público, además de aumentar su eficiencia.
La acción pública discurre financieramente entre dos fuerzas: de un lado, la utilidad marginal de los bienes públicos consumidos por los particulares – que es decreciente, como la de los bienes privados, cuando incrementan su cantidad – y de otro, la creciente utilidad marginal negativa, debida al pago de los impuestos – por reducción del consumo de bienes privados cada vez más importantes, consecuencia de la disminución de renta causada por los impuestos –.
El punto óptimo, el de mayor bienestar social, se sitúa en aquella oferta de bienes públicos, en que la utilidad de la última unidad consumida sea igual a la pérdida de utilidad por la última unidad pagada de impuestos, utilidad que se habría obtenido del consumo de bienes privados.