Los inspectores de Hacienda han mostrado, una vez más, su rechazo a las concesiones realizadas por Pedro Sánchez a los separatistas catalanes en materia fiscal. En concreto, desde la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) adelantan que están estudiando la posibilidad de emprender medidas judiciales dado que el despliegue de la singularidad fiscal de Cataluña podría estar implicando la malversación de fondos.
Esta no es la primera vez que los inspectores de la Agencia Tributaria se pronuncian en contra de la creación de la Hacienda catalana. Así, ya ha denunciado previamente que el nuevo régimen fiscal catalán no tiene base jurídica. Además, han apuntado que, de este modo, se estaría creando una estructura tributaria paralela en Cataluña.
Malversación de fondos
Durante su intervención en el XXXV Congreso de los Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado en Salamanca, la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, ha anunciado que desde su organización están estudiando si la puesta en marcha de la financiación singular de Cataluña está suponiendo, además, la desviación de fondos públicos. "Se está produciendo un gasto, una utilización del dinero público en algo que todavía no tiene una plasmación en una norma", ha destacado al respecto.
En consecuencia, si finalmente este análisis llevara a la Asociación a considerar que, efectivamente, se están desviando fondos públicos en el marco del despliegue de esta financiación singular para Cataluña, la organización podría incluso tomar medidas judiciales. Así se desprende de las declaraciones de la presidenta de la Asociación, que anunciaba este viernes también que están estudiando la opción de tomar medidas penales dada la posible malversación de fondos que se estaría produciendo.
Asimismo, la Asociación critica que con el desarrollo del cupo catalán se está empezando "la casa por el tejado", puesto que no existe un fundamento legal en tanto que no se ha establecido en una ley orgánica las modificaciones que se deberían llevar a cabo para materializar la Hacienda catalana. Por este motivo, Herrán ha incidido en que "no se está haciendo porque saben perfectamente que no pueden hacerlo, que no cuentan con las mayorías, porque se necesitaría en su caso".
En este sentido, desde la Asociación denuncian que esta financiación singular de la Generalidad no está tampoco regulada en la Constitución. De hecho, los inspectores defienden además que esta iniciativa incumple los principios constitucionales. Además, añaden que lo que sí se conoce es que se ha creado el Consejo Asesor y el Comisionado de la nueva agencia.
Interés político
Así las cosas, la Asociación denuncia que ningún experto ha detallado que el proceso de aplicación del Acuerdo de Singularidad Fiscal para Cataluña haya supuesto algún beneficio. Por ello, sostienen que, en realidad, el desarrollo de este nuevo régimen fiscal para Cataluña responde al interés político, puesto que fue una de las exigencias de los secesionistas para apoyar el nombramiento de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
En suma, los inspectores de Hacienda consideran que el despliegue de la Hacienda catalana implica una modificación por la "puerta de atrás" del sistema de financiación autonómico. A este respecto, la Asociación defiende que esta modificación supondría además el fraccionamiento de la Agencia Tributaria española, lo cual podría atentar contra el principio de igualdad.
Debido a este fraccionamiento, según los inspectores, existirían muchos problemas en la lucha contra el fraude fiscal. Del mismo modo, los inspectores alertan de que, si se llegara a fraccionar la gestión de los impuestos sobre el consumo, se producirían problemas de deslocalización de las empresas. Con todo, los servicios prestados por la Agencia Tributaria también se verían deteriorados, porque no se podrían llevar a cabo acciones relacionadas con temas no tributarios con los residentes en Cataluña.