La batalla judicial internacional por los impagos de los laudos de las renovables entra en su fase más delicada para España. Las compañías internacionales que vencieron al Estado por los recortes retroactivos en materia de energías limpias han dado el paso definitivo: activar en Estados Unidos el procedimiento formal para identificar bienes públicos españoles susceptibles de embargo.
Los inversores, representados por el despacho King & Spalding LLP, han presentado en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia sus primeras solicitudes post-sentencia. En ellas exigen al Reino de España que entregue, en un plazo máximo de 30 días, un inventario detallado de activos, cuentas bancarias, propiedades, contratos y operaciones financieras en territorio estadounidense.
El movimiento abre la puerta a la incautación material de patrimonio público español en suelo americano, en caso de persistir el impago. España evitó un escenario así hace meses, cuando zanjó el caso JGC con el pago de la indemnización debida, pero vuelve a la misma posición de partida tras haber acumulado siete sentencias adversas ante los tribunales de Estados Unidos durante los últimos meses, todas ellas aún en situación de impago.
Entes públicos, en el punto de mira
El tribunal también obliga a España a aportar información sobre entidades públicas que puedan ser consideradas "alter ego" del Estado, esto es, extensiones operativas del Gobierno cuyas propiedades pueden ser ejecutadas.
La lista incluye a entidades públicas como las siguientes:
- Inversiones o empresas participadas por la SEPI
- Operativa o contratos de Renfe
- Inversiones de Paradores
- Activos del Instituto Cervantes
- Pagos vinculados a tráfico aéreo EEUU-España, gestionados vía ENAIRE
- Contratos o activos de la firma estatal de ingeniería INECO
El objetivo es determinar si estos organismos actúan como brazos financieros y operativos del Estado y, por tanto, si sus activos pueden ser embargados para satisfacer las deudas derivadas de los arbitrajes internacionales. Los acreedores consideran probado que, en efecto, tales activos son, de facto, titularidad del Estado y, al tratarse de bienes comerciales que no bloquean la acción diplomática, sostienen que su embargo es compatible con resarcir a las empresas afectadas sin golpear la autonomía del Reino en materia de política exterior.
Este tipo de requerimientos, habituales en procedimientos de ejecución forzosa internacional, exigen una transparencia total sobre el patrimonio estatal radicado o registrado en la jurisdicción estadounidense y constituyen el paso previo a la intervención judicial de tales bienes.
Ola de fallos contra España
En las últimas semanas, los tribunales federales han confirmado ya siete decisiones contra España, por un total de 688,4 millones de euros. Las empresas a las que España debe tal cantidad son las siguientes:
- Cube Infrastructure: 40,2 millones
- NextEra: 290,6 millones
- Infrastructure Services / Antin: 125,1 millones
- RREEF: 74 millones.
- InfraRed: 35 millones.
- Watkins: 79,5 millones.
- 9Ren: 44 millones.
Las resoluciones de los tribunales de EEUU reconocen la validez de los laudos dictados por tribunales de arbitraje internacional, al entender que se celebraron bajo el Tratado de la Carta de la Energía y en base al convenio del CIADI, dos acuerdos a los que España se adhirió cuando ofreció las primas y de los que seguía dependiendo cuando las retiró de manera retroactiva.
Una factura millonaria y creciente
La deuda total del Estado español por la macrocausa de las renovables asciende ya a 2.180 millones de euros. Se reparten en dos grandes bloques:
- 1.754,7 millones en indemnizaciones
- 416,4 millones en intereses y costas
Esto significa que la negativa del gobierno Pedro Sánchez a pagar supone ya un cuarto de la factura final. Pero los problemas no acaban ahí, puesto que cerrarse en banda a abonar las debidas compensaciones y desatender condenas en firme que ya cuentan con el aval de la justicia de EEUU ha contribuido, por ejemplo, al desplome de más del 60% que ha experimentado la inversión internacional en España durante el año en curso.
Huelga decir que perseverar en la estrategia del impago eleva aún más la factura por intereses y medidas coercitivas. Por ejemplo, la sentencia del caso Eiser, que recientemente fue publicada y asciende a 232 millones, lleva aparejado el reconocimiento inmediato de más de 16 millones de euros de pago adicional solamente en concepto de intereses de demora.
España, en zona de riesgo
El inicio formal del rastreo de activos en EEUU supone un golpe reputacional de primer nivel:
- El gobierno se enfrenta a la posibilidad real de embargos en el exterior.
- Los acreedores activan una estrategia que hasta ahora no habían lanzado por insistir en lograr un acuerdo negociado.
- Nuestro país se coloca a la cabeza de la lista de países desarrollados que incumplen sentencias internacionales de arbitraje, igualando a Venezuela.
Así pues, los acreedores avanzan con paso firme. "Si el gobierno no se sienta a la mesa a arreglar el problema de una vez, empezarán las incautaciones de bienes en EEUU", explican a este diario.