El Ministerio de Trabajo pone en la diana a los ciudadanos que tengan contratada a alguna persona en su hogar. Y es que, desde mañana viernes, ya es obligatorio "evaluar los riesgos laborales de las personas trabajadoras" en las viviendas privadas.
Para cumplir con esta nueva "obligación legal", el departamento que dirige Yolanda Díaz lanzó el pasado mes de mayo la herramienta de "Prevención para el Empleo en el Hogar" Prevención 10. Por tanto, los particulares ya deberían haberla usado si no quieren enfrentarse a las multas de la "ley de infracciones y sanciones del Orden Social (Lisos)" que contempla "que la sanción al empleador/empleadora en el incumplimiento de la evaluación de riesgos para las trabajadoras del hogar parte desde 2.451 euros si no hay agravantes. Si los hubiera, la sanción máxima sería entre 24.000 y 49.000 euros" explican fuentes de Trabajo a Libre Mercado.
Tareas de limpieza, cocina, jardinería, cuidado de mascotas, conducción de vehículos, cuidado de personas... Trabajo quiere fiscalizar todos estos servicios. Como ya publicamos en Libre Mercado, para ello, "el responsable del hogar familiar, la persona en la que ha delegado" o, incluso, "la persona trabajadora designada en el hogar" (el propio empleado) deberá cumplimentar un largo cuestionario desarrollado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).
La encuesta interroga a la persona encargada del trámite sobre toda una larga lista de lo que Trabajo considera "fuentes del daño", que son toda una serie de potenciales riesgos que podría sufrir la persona empleada en el hogar.
Algunas preguntas surrealistas
Así, el departamento de Yolanda Díaz ha querido saber, por ejemplo, si "los electrodomésticos del hogar cuentan con el marcado CE", si "el personal sabe cómo se deben manipular los objetos calientes", si "el personal dispone de un teléfono para poder llamar en caso de imprevistos o emergencias", si "todos los productos se conservan en su envase original", si "se evitan los desplazamientos cargando a mano los cubos llenos de agua" o si "se permite la participación del personal en las decisiones que puedan afectar a su trabajo".
Todas estas cuestiones las considera de "prioridad media" y las marca en naranja. Que el Ministerio de Trabajo exija saber si en un determinado domicilio se conservan o no los alimentos en su envase original no deja de resultar surrealista.
La afiliación se desploma
Lo cierto es que detrás de estas ideas intervencionistas y de control con las que el Gobierno vende que quiere proteger a un sector, al final, el resultado es que acaba perjudicándolo.
Para muestra, los datos. Según los últimos datos de afiliación de octubre, el décimo mes del año cerró con 341.428 afiliados en el régimen de los trabajadores del hogar, casi 15.369 personas menos que un año antes (un 4,31% menos) y casi 56.000 afiliados menos que en octubre de 2019, primer año completo del Gobierno de Sánchez.
Si a la polémica encuesta le sumamos las sistemáticas subidas de cotizaciones sociales o del SMI podemos entender mejor por qué están desapareciendo las empleadas de hogar de las estadísticas, y quizá, entrando en la economía sumergida.