Este lunes se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar la senda de estabilidad, que siempre es el paso inicial para la elaboración de los presupuestos. El problema es que cuando las cosas funcionaban de manera ortodoxa, eso sucedía a finales de junio, cuando también se aprobaba el techo de gasto no financiero; a finales de junio se fijaban los objetivos individuales de las CCAA; y el treinta de septiembre se presentaba el proyecto de PGE.
Ahora, el Gobierno ha montado este CPFF para tratar de hacer ver que habrá presupuestos, junto con la aprobación este martes del techo de gasto y de los objetivos de estabilidad por parte del Consejo de Ministros, pero todo no es más que teatro, pues ni el Gobierno tiene la intención de sacarlos adelante, ni la fuerza parlamentaria para hacerlo, tras el anuncio de Junts que presentaría una enmienda a la totalidad.
Adicionalmente, tampoco se ha tratado el inicio de la reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), que parece que queda supeditada a la financiación de Cataluña, al llamado cupo catalán, que no quiere aprobarse antes de las elecciones en Extremadura, ya que al PSOE le supondría un quebranto electoral importante. El SFA lleva vencido más de una década y urge su reforma, pero el Ejecutivo no parece querer cumplir con esta obligación y se escuda en que las CCAA no se ponen de acuerdo, olvidándose de que es él quien tiene que articular una propuesta.
En lugar de ello, les ofrece a las CCAA permitirles un déficit público de una décima en los ejercicios 2026 a 2028, que vende como una financiación adicional de 5.500 millones de euros, que no es tal cosa, porque no son ingresos no financieros, sino más deuda. Amenaza a las CCAA con la estabilidad si no se aprueba la senda: eso ya es motivo suficiente para no aprobarla, porque más déficit no es la solución, sino aumentar el problema. España no necesita ni más déficit ni más deuda, sino menos gasto, bajar impuestos y eliminar todo lo innecesario, que ya va siendo muchísimo.
España necesita, en primer lugar, un presupuesto; que ese presupuesto sea base cero; y necesita un nuevo sistema de financiación autonómica sin trampas, sin trucos que busquen perjudicar a algunas CCAA porque no son del signo del Gobierno, como sucede con el actual que fue diseñado contra Madrid, Valencia y Murcia. El problema es que es tan mal sistema, que hasta perjudica a quienes lo diseñaron para que les tratase bien.
Por tanto, todo ello es un esperpento, un vodevil que no lleva a ninguna parte, porque, ni aunque finalmente consiguiese aprobar los PGE, no es de recibo empezar la elaboración de los mismos a mediados de noviembre, con apenas un mes y medio para que finalice el año.
España lleva tres ejercicios sin Presupuestos Generales del Estado y el Ejecutivo da muestras de no tener intención de sacar adelante los de 2026, pese a esta escenificación. El Gobierno da muestras de una gran irresponsabilidad presupuestaria, tanto interna como externa, al jugar con estos temas. Es más, hace unos meses se atrevió a decir que presentar los presupuestos es "una pérdida de tiempo", argumentando que descarrilarían al no contar con apoyos. Ahora, dice que los va a presentar, pero que no sabe si conseguirá sacarlos adelante. En definitiva, deja entrever claramente que no tiene apoyos para poder gobernar. De hecho, con la ruptura con Junts, es inviable que los saque adelante.
Presentar los PGE no es una pérdida de tiempo, sino la obligación legal del Gobierno, y si le son devueltos o ve que no tiene apoyos para sacarlos adelante, entonces debe o dimitir para dejar que se intente formar otro ejecutivo, o convocar elecciones para que pueda salir de las urnas una composición de Las Cortes que permita formar un gobierno fuerte, capaz de gobernar, no solo de estar.
Los PGE son la ley más importante del año, que plasma la política económica del Gobierno, a través de los ingresos y gastos presupuestados. Es, además, imprescindible para marcar el restablecimiento de la senda de estabilidad presupuestaria, esencial para conseguir una estructura económica sana, que se mantenga por sí misma, no por el gasto público creciente, que ahoga a la economía con deuda y más deuda. Adicionalmente, la credibilidad de la economía española no puede ponerse en juego por un desistimiento intencionado de sus obligaciones debido a la debilidad parlamentaria del Gobierno, que no puede sacar adelante casi ninguna iniciativa legislativa. Esta decisión del Gobierno hace un gran daño a la economía española por los siguientes motivos:
- Los plazos importan, y el no respetarlos resta credibilidad.
- Si no lo presenta, se debe o a falta de ideas, que nos llevaría a pensar que son incapaces de pensar en una política económica que no sea la del aumento del gasto sin criterio, o a un camuflaje de la realidad de los ajustes, para que los apoyen sus socios.
- Esto muestra la deriva del Gobierno, sin ideas, sin apoyos y sin capacidad para proponer reformas que saneen a la economía española.
- Todo ello, resta seguridad jurídica, ahuyenta inversiones y perjudica a la economía y al empleo.
Esta desidia se une a la irregularidad que ya representa el hecho de que tengamos unos presupuestos prorrogados, los de 2023, y que el Gobierno desistiese también de presentar un proyecto para 2024 y para 2025. Incumple, así, una de sus obligaciones, que es elaborar un anteproyecto de presupuestos cada ejercicio. Así, desde hace tres años, España está sin Presupuestos Generales del Estado, manteniendo la prórroga presupuestaria que opera en estos momentos.
Si no hay presupuestos para 2026, cosa que parece muy probable, el Gobierno debe irse, es decir, debe dimitir o convocar elecciones, máxime tras los supuestos casos de corrupción que lo acorralan. Esa enseñanza se transmite en la primera asignatura de Economía del Sector Público que se cursa en la carrera, porque la ley de presupuestos, que es la más importante de cada ejercicio, lo es porque es donde se reflejan las directrices de ingresos y gastos del sector público, es decir, la política fiscal del Gobierno, parte fundamental de la política económica. No es lógico ni ortodoxo que un gobierno simplemente esté, por el hecho de que gobernar no puede, ya que la ley que vertebra toda la acción del gobierno, que es la de las cuentas públicas, no puede sacarla adelante. Constituye, así, una anomalía.
El Ejecutivo debe irse: o debe convocar elecciones o debe dimitir su presidente para dar paso a que otro candidato pueda obtener la confianza de la cámara para poder gobernar, no para estar. Dada la composición del parlamento, sin mayorías factibles, la mejor solución es la celebración de elecciones generales que permitan formar un gobierno fuerte que pueda sacar adelante unos presupuestos. Sin ellos, la confianza en la economía española puede decaer, con las consecuencias negativas que puede tener.
Dicha convocatoria electoral es lo que el presidente Sánchez debió de hacer cuando tuvo que renunciar a que hubiese PGE en 2024 y en 2025, y es lo que debería hacer ahora si no los presenta o si, haciéndolo, no consigue sacarlos adelante. Su empecinamiento en permanecer sin presupuestos, en definitiva, sin poder articular una acción de gobierno respaldada por la ley más importante del año, está restando credibilidad a España ante Europa.
En conclusión, un CPFF que ha sido un teatro, con un caramelo envenenado en forma de más margen de déficit y deuda para las CCAA, sin que se plantee un nuevo sistema de financiación y con la alta probabilidad de que no haya PGE, cosa para la que, además, ya va tarde el Gobierno.