La VI Conferencia Internacional sobre Energías Renovables, Inversión y Seguridad Jurídica reunió este lunes en Madrid a dos de los principales especialistas internacionales en litigios contra Estados soberanos: Matthew McGill, socio de King & Spalding y arquitecto de la estrategia jurídica que siguen los acreedores del Reino de España afectados por los impagos del Gobierno, y Ashley Messick, consultora independiente especializada en rastreo y localización de activos estatales en procedimientos de ejecución de deudas.
McGill explicó que España ha solicitado al Tribunal Supremo de EEUU que revise los casos que cuestionan su alegación de inmunidad soberana frente al cumplimiento de los laudos arbitrales impagados. El Supremo ha pedido opinión al respecto al Gobierno, un paso clave cuyo resultado se espera "en los próximos dos o tres meses. Cuando el Gobierno de Donald Trump emita su posición, aproximadamente un mes después el Supremo decidirá si acepta o no el caso", señaló McGill.
Entretanto, los tribunales federales de EEUU están comenzando a dictar sentencias de ejecución contra España. Una de ellas, el caso Watkins, ya está en fase de revelación de activos, ya que España debe entregar en 30 días todo tipo de información sobre activos, cuentas y estructuras societarias susceptibles de embargo en territorio estadounidense. "Si España no coopera", advirtió McGill, "podría incurrir en desacato ("contempt of court"), con multas acumulativas semanales y medidas coercitivas de mayor alcance".
"Ya hemos visto este escenario en litigios contra Argentina y Venezuela. Un Estado en desacato enfrenta sanciones automáticas y un daño reputacional enorme", afirmó al respecto Ashley Messick. La experta explicó que, además de EEUU, se están rastreando activos en jurisdicciones de Europa —incluidos Reino Unido, Bélgica y Países Bajos— o Australia, para localizar bienes potencialmente embargables.
Messick recordó que ya hay activos españoles congelados por la justicia belga —por valor de 200 millones de euros— y advirtió de que la estrategia de impago de España puede extender el conflicto a nuevas jurisdicciones. "No podemos revelar objetivos concretos por razones legales, pero hay actividad diaria en diversos países", indicó. "La mano sigue tendida al Gobierno español para encontrar una salida negociada. Pero la presión legal aumenta cada semana", apuntó.
Los expertos recordaron que el conflicto nace de los recortes retroactivos impulsados bajo gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. En total, los laudos impagados son 28 y acumulan una deuda cercana a los 2.200 millones. "España está jugando un juego peligroso: si pide a Estados Unidos que proteja a inversores españoles allí, debe entender que el mismo principio aplica en sentido inverso."
La Comisión Europea, señalaron, observa "con inquietud el impacto de estos litigios sobre la credibilidad regulatoria española y europea, especialmente en renovables, un sector que requiere estabilidad a largo plazo. La transición energética necesita capital. Y el capital desaparece cuando los inversores pierden la confianza", defendió Messick.
Los expertos recordaron que los contratos de renovables firmados en España se diseñaron para ofrecer protección a los inversores durante décadas, incluso si la normativa interna cambiaba. Esa estructura, explicaron, ha hecho que los laudos sigan siendo ejecutables "en prácticamente cualquier jurisdicción del planeta". Ambos señalaron que "las deudas que ha adquirido España se pagarán por las buenas o por las malas. Si el Ejecutivo sigue actuando así, se encadenarán sentencias adversas, embargos de bienes y medidas coercitivas. Pero hay un camino de cooperación: el acuerdo. España debe buscarlo, nuestra mano está tendida".
Messick cerró el encuentro con un mensaje claro: "habrá un día en que nos reuniremos para hablar del final de esta saga. Y ese final será uno en el que España pagará su deuda. La cuestión no es si pagará, sino cuándo y en qué condiciones".