Ayer miércoles salió adelante la toma en consideración de una proposición de ley del Partido Popular que gira en torno a la modificación del Código Penal para que el corte de los suministros de una vivienda okupada no sea considerado un delito de coacciones. Ahora, la proposición de ley pasará al Congreso de los Diputados.
Esta toma en consideración ha salido adelante en el Senado con 153 votos a favor, 102 votos en contra y 5 abstenciones. Los votos a favor han sido del PP (142), el PNV (5), Vox (3), UPN (1), Agrupación Herreña Independiente (1) y Coalición Canaria (1).
Esta propuesta ha sido defendida por el senador Lucas Castillo, quien ha acusado al Gobierno de negar la existencia de la ocupación ilegal de vivienda, y ha asegurado que muchos vecinos conviven hoy en día en pisos tomados por mafias.
Si acudimos a la proposición de Ley Orgánica, que podemos leer aquí, podemos ver como el PP comienza diciendo que sólo en "el año 2024 se contabilizaron en España 16.400 casos de usurpación y allanamiento de morada, siendo la tercera cifra más alta desde que el Ministerio del Interior contabiliza estas denuncias. Hay que tener en cuenta que aquí sólo se cuentan las denuncias realizadas ante las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. Aun así, el crecimiento fue del 7,4% respecto a 2023, fecha en la que se contabilizaron 15.289 casos."
La okupación es "una agresión ilegítima" a la propiedad privada
El PP recuerda que "la ocupación de un inmueble supone una agresión ilegítima a los derechos del propietario", y un poco más adelante en el texto es cuando se propone que el corte de suministros deje de considerarse como un delito de coacciones. Esto es lo que el Partido Popular quiere incluir en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: "La interrupción de suministros de una finca ocupada ilegalmente en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones".
Para ello, el grupo popular se sustenta en una decisión de los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona de este mismo año, en marzo de 2025. "En dicha ocasión, los magistrados se reunieron para unificar criterios en casos de allanamiento de morada y usurpación de inmuebles. En esta reunión, los jueces avalaron que los propietarios pueden cortar los suministros a los okupas sin que esto se considere un delito de coacciones", se lee en el escrito del PP.
El PP se apoya en una decisión judicial en Barcelona
En concreto, esto es lo que dijeron los magistrados: "El titular de una finca no tiene obligación de mantener el alta de los suministros de dicho inmueble. El corte de suministros de una finca ocupada ilegalmente en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones".
Si las mismas formaciones políticas que han apoyado esta medida se pusieran de acuerdo para votar nuevamente a favor en el Congreso de los Diputados, tendríamos que habría 177 votos a favor, siendo así mayoría. De salir adelante dicha proposición de ley, probablemente se marcaría un antes y un después en la lucha contra la ocupación ilegal en España.