Un nuevo informe publicado por el Institute of Economic Affairs pone de manifiesto el profundo error en que incurren quienes, dando por buena la propaganda del gobierno socialista de Pedro Sánchez, asocian un mayor gasto público con niveles más altos de bienestar.
En efecto, la narrativa dominante en el discurso de Moncloa, repetida a diario por su muy subvencionado equipo de opinión sincronizada, asume que más Estado equivale a más bienestar. Desde la sanidad hasta la educación, pasando por las políticas activas de empleo, la premisa implícita es simple: un sector público más grande garantiza mejores resultados sociales. Sin embargo, los datos comparados cuentan una historia muy distinta.
Así, un nuevo análisis internacional realizado por Nima Sanandaji y Stefan Fölster encuentra que, tras analizar 23 economías avanzadas (todas ellas con más de un millón de adultos y datos homogéneos desde 2010 hasta nuestros días), España se sitúa en el puesto 22 en términos de bienestar, solamente por delante de Grecia. Y todo ello teniendo en cuenta que el nuestro es uno de los países que más ha aumentado la presión fiscal y el peso del gasto público.
La tabla de resultados es la siguiente:
La comparación no se basa en percepciones ni en discursos ideológicos, sino en resultados medibles: salud (esperanza de vida, mortalidad evitable, calidad sanitaria), educación (calificaciones obtenidas en el informe PISA, mediciones de aprendizaje real y competencias), empleo (tasa de paro ajustada por el nivel formativo de los trabajadores que sufren el desempleo) y exclusión social (indicadores de carencia material, riesgo de marginación o pobreza, etc).
Cada país recibe una nota del 1 al 10 en todas estas dimensiones. Partiendo de dicho planteamiento, España apenas obtiene 4 puntos, mientras que los países con mejores resultados alcanzan calificaciones mucho mejores, como vemos al evaluar el podio del ranking, ocupado por Japón (9,4/10), Corea del Sur (8/10) y Suiza (7,5). Estos tres países presentan niveles de presión fiscal de entre el 25 % y el 35 % del PIB, muy por debajo de las cotas alcanzadas en España.
España ocupa la última posición en desempleo entre personas con baja cualificación y también se encuentra en los peores puestos en paro juvenil y paro de larga duración. Esto indica fallos crónicos en las políticas activas, con una rigidez normativa y una estructura productiva que no es capaz de absorber talento ni ofrecer oportunidades de manera comparable al resto de economías desarrolladas.
Ocurre algo parecido en la educación. En PISA 2022, España retrocedió en matemáticas y lectura, situándose por debajo de la media de la OCDE. La paradoja: nunca se ha gastado tanto en educación, pero el modelo sigue priorizando inputs (es decir, incrementar los gastos de plantilla, bajar los ratios de profesor por alumno, elaborar más normativas) y no outputs (es decir, resultados). En la salud sí es cierto que España logra una esperanza de vida elevada, pero han ido a peor los indicadores que dependen directamente del manejo público, como las listas de espera, la productividad de los hospitales, etc. En cuanto a los datos de inclusión, España presenta tasas de carencia material y riesgo de pobreza superiores a la mayoría de economías de la OCDE incluidas en el informe.
El estudio muestra una correlación clara: a mayor presión fiscal, peores resultados medios en términos de bienestar. Y, en sentido inverso, a menor presión fiscal, mejores resultados en promedio. Así pues, es perfectamente posible —y de hecho, es habitual— lograr mejores estándares de bienestar con estructuras estatales menos pesadas, ya que dichas formas de gobernanza dan como resultado programas de gasto público más flexibles y mejor gestionados, con el foco en los resultados.
El estudio sugiere que España emule los ejemplos de Japón, Corea, Suiza, Australia o Nueva Zelanda, que tienen menos impuestos, más crecimiento económico, servicios públicos más eficientes y mejores indicadores sociales. Sin embargo, España aparece como el segundo país con peor desempeño, ya que acumula mucho gasto, poca productividad en su sector público y una escasa orientación al control de los resultados obtenidos en base a los desembolsos realizados.
El problema no es solo técnico, sino político y social. Un país que gasta como rico pero obtiene resultados de país rezagado tiene tres escenarios posibles: (1) cobrar más impuestos para seguir apuntalando la ineficiencia (lo cual es evidentemente indeseable), (2) mantener el modelo inalterado con el consecuente escenario de progresivo deterioro del sistema (como muestra el proceso de declive que ya vemos en sanidad y educación), o (3) una reforma profunda del sector público (orientada a mejorar resultados y no a inflar estructuras). Esta última opción es la que han seguido los países que hoy lideran el bienestar mundial.