Las carnicerías, pescaderías y panaderías reclaman al Gobierno que retrase la implantación de VeriFactu, el nuevo sistema obligatorio por el que autónomos y empresas deberán usar programas de facturación electrónica certificados y enviar sus datos de ventas a Hacienda en tiempo real. El sistema facilita el control gubernamental de las operaciones de las empresas y debe entrar en vigor entre enero y julio de 2026.
Las organizaciones representativas del sector —CEOPPAN, CEDECARNE y FEDEPESCA— aseguran que comparten los objetivos de "transparencia y lucha contra el fraude" que persigue la norma. Sin embargo, advierten de que su implantación inmediata puede poner en riesgo la supervivencia "de miles de pequeños comercios tradicionales".
"El tejido artesano no está preparado"
Las asociaciones recuerdan que el comercio alimentario de proximidad está compuesto mayoritariamente por microempresas y autónomos con "recursos humanos y económicos muy limitados". Según explican, el sector afronta importantes obstáculos para adaptarse al sistema: desde la falta de conocimientos técnicos y legales hasta el elevado coste del software y el hardware necesarios, además de la falta de soporte y ayudas específicas.
Por ello, piden una moratoria mínima de dos años, exenciones para profesionales mayores de 60 años y medidas de apoyo económico, técnico y formativo. También proponen deducciones fiscales para facilitar la adaptación e inspirarse en modelos flexibles como el de Francia, que ha escalonado la implantación de la factura electrónica hasta 2030.
No se trata de rechazar la norma, subrayan, sino de disponer de un plazo razonable para garantizar una adaptación progresiva y "sin poner en juego la viabilidad económica" del comercio de proximidad por obligarse a adaptarse a un sistema "de forma precipitada" y "desconectada de su realidad cotidiana".
¿Qué es el sistema VeriFactu?
VeriFactu es un sistema de facturación electrónica desarrollado por Hacienda y aprobado en el Real Decreto 1007/2023, que sirve para verificar en tiempo real que todas las facturas emitidas cumplen las normas y, de este modo, ayudar a prevenir el fraude fiscal.
Todos los autónomos y empresas que emiten facturas en España (excepto País Vasco y Navarra), sin importar su tamaño o su sector tendrán que cumplir esta normativa. No se aplica a los autónomos de regímenes especiales o los que ya transmiten sus datos en tiempo real a la AEAT.
Las sociedades y otras empresas que pagan el impuesto de sociedades deberán implantarlo a partir del 1 de enero de 2026 con un software adaptado. En cuanto al resto de autónomos y pymes, tienen hasta el 1 de julio de 2026.