El Gobierno ha vuelto a demostrar que, cuando la realidad energética se complica, su prioridad no es arreglarla, sino maquillarla. Desde el apagón del 28 de abril, Red Eléctrica opera el sistema eléctrico en "modo reforzado". Más allá del eufemismo, simple y llanamente están utilizando más centrales de gas para estabilizar el sistema. Esto significa más restricciones, más servicios de ajuste y, por tanto, mucho más coste. La verdad es que el sistema es menos estable de lo que se admitía y sostenerlo sale caro. Pero, lejos de afrontarlo con honestidad, el Ejecutivo ha optado por lo de siempre: mover la bolita y presentar el trilerismo contable como una decisión técnica.
La maniobra es sencilla: sacar estos sobrecostes del mercado mayorista —el famoso pool— y meterlos en los peajes, esa parte de la factura que nadie entiende ni revisa. De un día para otro, lo que encarecía la electricidad en el mercado pasa a convertirse en un "coste del sistema". Así, el precio mayorista parece estable, el Gobierno presume de gestión, saca pecho y los titulares internacionales siguen mostrando a España como un paraíso de precios eléctricos contenidos. Parece una operación perfecta… que pagaremos los de siempre.
La cuestión de fondo es evidente: el Gobierno está falseando el precio del mercado eléctrico. Sabe que el precio mayorista es el termómetro político de la energía. Juegan permanentemente a confundir el precio mayorista con el precio que los consumidores pagamos en nuestras casas. Si consiguen (aunque sea artificialmente) que el precio mayorista parezca bajo, pueden seguir vendiendo su historia de éxito. La realidad es que el número de personas que se retrasan en el pago de sus facturas energéticas ha crecido un 50% desde que el PSOE gobierna. Pero la realidad, ¿a quién le importa?
El resultado es perverso. Primero, se engaña a los ciudadanos: el precio mayorista ya no es el reflejo transparente del coste real de generar electricidad, sino una versión retocada que esconde lo que no conviene mostrar. Segundo, se debilita la señal para invertir donde hace falta, porque si todo puede camuflarse como coste fijo perdemos la brújula que nos dice dónde están las ineficiencias. Y tercero, se castiga más a los más vulnerables, que verán engordar su factura mientras el Gobierno presume de precios bajísimos en el mercado. Por si fuera poco, los grandes consumidores industriales tienen bonificados los peajes, por lo que no se van a hacer cargo de pagar toda esta fiesta que recaerá, nuevamente, en los más vulnerables.
En definitiva, esta operación no es técnica, sino política. Es una intervención encubierta para controlar la percepción pública del precio de la luz. Y como toda manipulación, no arregla nada. Sólo oculta el problema mientras crece. Lo grave no es sólo el engaño contable, sino la renuncia explícita a gobernar el sistema eléctrico con seriedad. La energía es un sector demasiado complejo, demasiado determinante y demasiado crítico como para permitir que se convierta en un escaparate propagandístico. Cuando un gobierno opta por manipular los indicadores en lugar de afrontar los problemas estructurales —una red saturada, una planificación errática y una dependencia creciente de tecnologías que no garantizan estabilidad— está dejando claro que su prioridad no es el país, sino el relato. Mal asunto.